"No me van a decir que vamos a una zona de bajas emisiones para bajar un 10, un 15, un 20, un 30% la contaminación, porque no la tenemos." Esta era la afirmación de César García, responsable de Movilidad e Innovación de Sagulpa, la entidad que gestiona la movilidad de Las Palmas de Gran Canaria, durante el primer foro canario sobre ZBE.
Esta conclusión podría haber salido, casi con las mismas palabras, de la boca de cualquiera de los ponentes de Alcobendas, Valladolid o Elche que horas antes, en el mismo foro, habían hablado sobre las particularidades de sus ciudades y su gestión de las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE).
Cuando el foro sobre ZBE pasó de las experiencias peninsulares a la realidad canaria, los representantes de Arrecife, Las Palmas de Gran Canaria y Santa Cruz de Tenerife no llegaron con un balance propio: llegaron confirmando, punto por punto, las mismas dudas que ocho ciudades habían planteado antes: si hay o no un problema ambiental real, si el vecino entiende la norma, y también el aparcamiento, la comunicación y los medios para gestionar todo esto.
"No tenemos contaminación"
García fue el más directo de los tres representantes canarios, y llegó más lejos que cualquiera de sus homólogos peninsulares al cuestionar el origen mismo de la norma: "hay que replantearse quién fue la persona o personas que lideraron esto desde un despacho, en las alturas, sin ver la casuística de cada territorio. Porque no es lo mismo Canarias que la península".
Este es el mismo argumento que había defendido José Antonio Bautista, ingeniero de movilidad en el Ayuntamiento de Alcobendas asegurando que "no tienen ningún problema de contaminación" o Andrés Fuster, funcionario del Ayuntamiento de Elche como Ingeniero Técnico Industrial, que llegó a "descatalogar" el ozono como problema propio atribuyéndole a las zonas agrícolas del entorno, no al tráfico urbano.
Opiniones opuestas
García no niega que existan problemas de movilidad: reconoce congestión y un uso intensivo del coche con baja ocupación vehicular. Pero su receta es la misma que ya habían ensayado varias de las ocho ciudades sin recurrir a una ZBE: transporte público, carriles bus-VAO, coche compartido, bicicleta, citando el sistema de bicicletas de Las Palmas, que considera que funciona bien.
El concejal de Movilidad y Transporte del Ayuntamiento de Arrecife, Mario González, apuntó en la misma línea que cualquier variación real en sus propias mediciones respondería antes a la calima (el polvo en suspensión procedente del Sahara) que al tráfico rodado.
Frente a ese bloque escéptico, Granada seguía siendo, entre las ocho ciudades peninsulares participantes en el foro, la única que defendía lo contrario con datos propios: su coordinador de Movilidad, Francisco Requena, explicó que la orografía de la ciudad —rodeada por Sierra Nevada— impide que el viento disipe la contaminación, y que el 70% de los trayectos que generan esas emisiones proceden de fuera del municipio, motivo por el que diseñaron una ZBE que no afecta a ningún residente de Granada capital.
Aparcamientos disuasorios y transporte alternativo
Aquí es donde el contraste se vuelve más incómodo para Canarias, porque este fue precisamente el terreno donde más habían insistido las ocho ciudades como alternativa a la simple restricción. Alcobendas construyó dos aparcamientos disuasorios y los combinó con una app para que los camiones de reparto supieran si había sitio libre en las zonas de carga y descarga. Benidorm fue más lejos: más de 8.000 plazas de aparcamiento disuasorio gratuito repartidas por el municipio.
Mario González, concejal de Movilidad de Arrecife, planteó una versión mucho más modesta de esa misma idea: su ZBE se apoya en peatonalización y plataforma única para disuadir lo que él llama tráfico "residual" (el que solo atraviesa la ciudad) frente al "residencial", obligando al primero a usar vías colectoras.
Esta se trata de la misma lógica que las dos ciudades peninsulares antes mencionadas, pero sin el despliegue de plazas de aparcamiento que sostiene esa estrategia en la Península, y a una escala muy distinta: la zona de Arrecife ocupa 6 hectáreas, frente a las 17 de Alcobendas o las 74 de Benidorm.
Ofelia Manjón, directora general de Movilidad y Accesibilidad Universal de Santa Cruz de Tenerife, fue más allá y puso en duda la prioridad de la propia ZBE frente al aparcamiento: "la ZBE va a arreglar un 1% de los problemas de movilidad", dijo, frente a lo que considera "mucho más prioritario", la regulación del uso del aparcamiento.
Por otro lado, la directora general aportó un dato que resume bien el problema de fondo en cualquier ciudad canaria: el 70% del espacio público está ocupado por coches. Su modelo, dijo, pasa por "aparcamientos disuasorios" combinados con una mejora real del transporte público construida y políticas humanitarias.
Un parque móvil más envejecido y comunicación vecinal
En todas las ciudades peninsulares, el mayor freno fue la comunicación con el vecino. Bautista lo resumió así: "no sabemos ni qué coche tenemos". En Benidorm, Manuel Francisco Climente, ingeniero de Obras Públicas de dicho Ayuntamiento, describió miedos como "no voy a poder entrar a mi casa", y tuvo que destinar personal presencial para ayudar a los mayores de 60 años a darse de alta en la plataforma digital.
Ofelia Manjón reconoce la misma carencia aplicada a la capital tinerfeña: "yo, que soy ingeniera de caminos, me declaro nula en comunicación", y añadió que la prensa local refleja "un desconocimiento total de la ordenanza".
Ese problema tiene en Canarias un agravante propio: según el ISTAC, con datos de cierre de 2024, la edad media de los vehículos en las islas es de 16,22 años, y uno de cada cinco supera los 25. La mitad del parque ya tiene etiqueta limpia, pero la otra mitad no.
Los consejos a seguir
Los ponentes peninsulares, al preguntarles por el error a evitar el primer día, dibujaron casi un manual: conocer bien la movilidad real antes de actuar, no restringir sin infraestructura lista, escuchar a la "mayoría silenciosa" y no solo a los colectivos mediáticos y apoyarse en datos reales
Frente a ese manual, Arrecife y Santa Cruz de Tenerife reconocieron más bien lo contrario. González admitió que en Arrecife el proceso respondió más a "cumplir expediente" que a trabajo de campo, y reveló una fiscalización de la Audiencia de Cuentas sobre el asunto.
Manjón fue más allá: los ayuntamientos canarios "no tienen ni músculo ni medio humano ni material", y lamentó que no hubiera ningún representante de ningún cabildo en el propio foro.
Manjón no llegó a defender ni a rebatir la base técnica de la ZBE de su ciudad, aprobada el 24 de agosto: su propio proyecto documenta una correlación real entre tráfico y NO2 en El Toscal y Zona Centro, aunque reconoce no haber descartado del todo otras causas, como los años de funcionamiento de la antigua refinería.
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