El Gobierno de Canarias ha pedido al Tribunal Supremo un pronunciamiento más claro y con reglas específicas ante las dudas "razonables" que genera el que, aunque se trasladen a la Península, la tutela de los menores extranjeros solicitantes de asilo la sigue ejerciendo el Ejecutivo autonómico.
La consejera canaria de Bienestar Social, Candelaria Delgado, ha explicado este martes en el Parlamento regional que actualmente hay en las islas 578 menores con protección internacional en recursos del Estado, entre ellos, 99 que no quieren abandonar el archipiélago por razones de arraigo, un extremo que deberá confirmar la Fiscalía.
Aclarar la tutela
Pero los traslados "van por detrás de las necesidades", ha apuntado la consejera, y además en el caso de los ya derivados a la Península la tutela la sigue ejerciendo la Comunidad Autónoma pese a la lejanía y por este motivo Canarias quiere que el Supremo aclare esta cuestión para atender a los menores con las debidas garantías y sin vacíos legales.
Además ha señalado que Canarias lleva demasiados años en primera línea de una ruta que es la más mortífera del mundo y sin más medios por parte de la UE en el nuevo pacto de emigración y asilo, ha advertido Delgado, el archipiélago seguirá corriendo detrás de una crisis que no ha provocado.
Por encima de la capacidad
También ha aludido a los programas de promoción intercultural puestos en marcha para responder "al miedo y al cansancio de los barrios" ante el malestar por decisiones que se perciben lejanas o poco explicadas, y alejar de esta manera los discursos de odio.
La consejera, que compareció a petición del grupo Popular, ha indicado que actualmente hay 4.471 menores extranjeros no acompañados en las islas, seis veces más que la capacidad ordinaria que fijó el Estado en el Real Decreto aprobado al respecto y que en aplicación de su disposición cuando se supera este número deberán salir "miles" de las islas antes de marzo de 2026.
Sobreesfuerzo
Ha señalado también que Canarias "hace su parte con un esfuerzo muy por encima de lo que le corresponde por población y renta", de tal manera que ha destinado en lo que va de año 155 millones de euros para la red de acogida de menores y su atención social y sanitaria.
Para la diputada popular Isabel Saavedra el problema radica en que el Gobierno central no está cumpliendo al ritmo deseado, pues siguen sin respuesta más de 300 expedientes remitidos por Canarias y el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, en vez "ser el primero en ayudar, lo que hace es señalar".
Intervenciones
Raúl Acosta, del grupo Mixto por AHI, manifestó que se sigue improvisando en la gestión de la mayor crisis migratoria en El Hierro, donde aún no se sabe qué hacer con los residuos de los cayucos, hay colapsos puntuales en el sistema sanitario y "no tenemos el auxilio del Estado", como tampoco hay dotación de la Policía Nacional en Extranjería y los municipios siguen asumiendo el funeral de los inmigrantes fallecidos.
Para Jesús Ramos Chinea, de ASG, se ha avanzado poco y Canarias continúa teniendo los mismos problemas de hacinamiento de plazas para menores mientras las políticas migratorias europa siguen dejando "mucho que desear, pues los estado ricos deciden si acogen o no sin sufrir consecuencias".
La diputada de Vox Paula Jover ha preguntado a la consejera qué gestión hace más allá de lamentarse y si se aplican protocolos para esclarecer si hay constancia de que algunos padres extranjeros dejan a sus hijos en centros de menores bajo la tutela de la Comunidad Autónoma y si se conoce el destino de casi 800, sobre todo niñas, que "desaparecieron" de Canarias "y acabaron prostituidas en Francia".
Para Luis Campos, de NC-BC, después de tantos años la gestión en inmigración es "fracasada" con una respuesta ineficiente por parte de los estamentos públicos, también del Gobierno de Canarias, incapaz a su juicio de adoptar la infraestructura necesaria para una cuestión "estructural".
La nacionalista Vidina Espino ha pedido unidad para hacer frente al Estado y a la UE en este ámbito porque Canarias está "sola, pero no resignada", y ha pedido tanto al PP como al PSOE que hagan de mediadores para que las comunidades donde gobiernan reciban a menores derivados desde el archipiélago.
Elena Máñez, del grupo Socialista, ha afirmado que el único aliado real de Canarias es el Gobierno de Pedro Sánchez, ha pedido que todos asuman su responsabilidad porque antes de marzo de 2026 hay que trasladar a la Península a 2.826 menores, de los que el Gobierno canario sólo ha remitido 490 expedientes, por lo que en su opinión hay falta de gestión y buena voluntad, y ha pedido no buscar permanentemente "titulares de crispación".