El Gobierno de España ha propuesto la creación de cuatro nuevas plazas judiciales en Canarias especializadas en violencia sobre la mujer, dentro de un paquete nacional de 53 nuevas plazas que buscan preparar a los juzgados para asumir también los casos de violencia sexual a partir de octubre.
Puerto del Rosario, Arona, Arrecife y Las Palmas de Gran Canaria serán los municipios del Archipiélago que acogerán estos refuerzos, que incluyen también una plaza de fiscal especializada por cada nuevo juzgado.
Según ha confirmado el Ministerio de Justicia, estas nuevas unidades permitirán evitar el colapso de los juzgados actuales, que ya advertían de una sobrecarga inminente al ampliar sus competencias.
Delitos sexuales
La medida responde a la aplicación de la ley de eficiencia de la Justicia, que establece que los Juzgados de Violencia sobre la Mujer asumirán también, desde octubre, todos los casos de violencia sexual, no solo aquellos relacionados con el ámbito de la pareja. Esto incluye delitos como la trata con fines de explotación sexual, matrimonios forzosos, mutilación genital femenina o acoso sexual.
El Gobierno reconoce que este cambio supondrá un aumento significativo de la carga de trabajo, cifrado entre un 13 % y un 20 % según estimaciones del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y el propio Ministerio de Justicia.
Por ello, además del incremento de plazas, también se solicitará al CGPJ que determine en qué juzgados serán necesarios refuerzos temporales hasta completar la dotación definitiva.
Mayor protección
La incorporación de estos nuevos recursos forma parte del Plan Nacional de Sensibilización y Prevención de la Violencia de Género, y responde también a los compromisos adquiridos por España en el Convenio de Estambul, que exige una protección más eficaz a las víctimas de violencia sexual.
Desde el Ministerio destacan que esta ampliación de competencias permitirá que los casos recaigan en jueces y fiscales con formación específica en igualdad y violencia machista, evitando situaciones que pudieran derivar en prácticas judiciales inapropiadas, como interrogatorios invasivos, errores en la valoración de pruebas o enfoques revictimizantes.
Reforma clave
La inclusión de Canarias en este plan nacional de refuerzo es vista por muchos sectores como un paso imprescindible para evitar la saturación del sistema judicial en el Archipiélago, que en los últimos años ha mostrado una creciente carga en los juzgados especializados en violencia de género.
Con esta medida, el Gobierno busca garantizar que las víctimas estén mejor atendidas, que los casos se tramiten con mayor agilidad y que los jueces cuenten con los recursos necesarios para ejercer su función sin colapsos.