Canarias resolvió en 2024 menos de la mitad de las solicitudes de eutanasia registradas en el Archipiélago. De las 52 peticiones de prestación de ayuda para morir tramitadas por el Servicio Canario de la Salud (SCS), solo 25 llegaron a culminarse, según los datos del Ministerio de Sanidad.
El proceso tarda una media de 81 días, y ese plazo resulta inasumible para una parte de los solicitantes. Trece personas, es decir, uno de cada cuatro solicitantes en el SCS, fallecieron antes de que se completaran los trámites administrativos necesarios para acceder a la prestación, según datos del Ministerio de Sanidad.
El resto de expedientes no finalizados se cerraron por revocación voluntaria o por incumplimiento de los requisitos legales exigidos para optar a la ayuda para morir, un 13% en cada uno de estos supuestos.
Más solicitudes desde la legalización
La evolución de las peticiones muestra un crecimiento sostenido desde la entrada en vigor de la Ley Orgánica 3/2021. En 2021 se registraron ocho solicitudes; en 2022 fueron 21; en 2023, 62; y en 2024, 52. En cuatro años, el número de peticiones se ha multiplicado por seis. Sin embargo, el porcentaje de prestaciones autorizadas se mantiene prácticamente inalterado desde entonces, con cifras que oscilan entre el 40% y el 48% anual, pese a la reducción ligera del número de resoluciones en el último ejercicio.
En términos relativos, Canarias presenta una mayor demanda que la media estatal. El Archipiélago registra 2,32 solicitudes por cada 100.000 habitantes, frente a las 1,91 del conjunto de España.
Impacto limitado en la mortalidad
En el conjunto del país, durante 2024 se contabilizaron 905 nuevas solicitudes de prestación de ayuda para morir y se finalizaron 929 procesos, incluyendo expedientes iniciados en años anteriores.
Aun así, la eutanasia sigue teniendo un impacto residual en la mortalidad general. En España, los fallecimientos por esta prestación representaron el 0,10% del total, una proporción que en Canarias asciende al 0,14%, es decir, 1,4 por cada 1.000 fallecimientos.
La tasa española se sitúa muy por debajo de la registrada en otros países con regulación similar: es diez veces menor que la de Australia y Nueva Zelanda, quince veces inferior a la de Suiza y hasta sesenta veces más baja que la de Países Bajos.