Tras la entrada en vigor en 2023 de la ley de salud sexual e interrupción voluntaria del embarazo las comunidades autónomas debían poner en marcha un registro de sanitarios que se declaren objetores de conciencia a la hora de interrupciones del embarazo. Una medida recogida a raíz de la obligación de garantizar que este proceso se realice en los hospitales públicos, y no solo en privados como se venía haciendo en Canarias. Ahora el Gobierno regional ya está ultimando el decreto para la creación de este registro.
El documento, que se aprobará en forma de decreto, ha recibido el aval del Consejo Consultivo de Canarias para su tramitación de forma urgente. En este registro se incorporarán los sanitarios tanto del servicio público como privado que no quieran realizar esta intervención.
Nuevas obligaciones
La ley aprobada en 2023 establece la obligación de las administraciones públicas sanitarias a garantizar la interrupción voluntaria del embarazo en los centros hospitalarios, de acuerdo con criterios de gratuidad, accesibilidad y proximidad, estableciendo los dispositivos y recursos humanos suficientes para la garantía del derecho en todo el territorio en condiciones de equidad.
La propia norma ya entiende que el rechazo a realizar los abortos por razones de conciencia “es una decisión individual del profesional sanitario directamente implicado en su realización, que debe manifestarse con antelación y por escrito”. Dado que las competencias en Sanidad corresponden a las comunidades autónomas son estas las que deberán poner en marcha este registro.
Tramitación
La tramitación de este documento comenzó el pasado septiembre, cuando la Dirección General de Programas Asistenciales del Servicio Canario de la Salud emitió un informe que puso de manifiesto la necesidad de crear este registro. Un mes más tarde, ya en octubre la consejera de Sanidad, Esther Monzón, aseguró en el Parlamento de Canarias que las mujeres de la comunidad ya pueden decidir en qué centro pueden realizar la intervención.
Uno de los requisitos que establece la ley es la decisión de las mujeres a elegir el centro hospitalario para la interrupción. Según informó entonces Monzón ya se había dado la orden para que las mujeres que tuvieran que pasar por este trámite.
“El anterior Gobierno derivó a todas las mujeres que querían abortar a clínicas concertadas. Mi gobierno no las va a derivar ni a concertadas ni a públicas sino que va a respetar la decisión de las mujeres”, expresó entonces Monzón. La consejera aseguró que en la comunidad se realizan unos 4.000 abortos al año, que ahora