Los fallos técnicos en las comisarías canarias a la hora de renovar el DNI y el pasaporte siguen sin dar tregua. El problema, que existe en todas las comunidades autónomas, trae de cabeza a los funcionarios. Cada día van a trabajar con la duda de si el sistema se volverá a caer. Sus esperanzas están puestas en un plan de choque que ha diseñado la Policía Nacional.
“Es un problema asociado a la Dirección General de la Policía. Son incidencias a nivel nacional, no localizadas, por lo que afectan a todos los equipos de documentación de España, ya sea en Las Palmas de Gran Canaria, Santiago de Compostela o cualquier otra ciudad”, afirma a Atlántico Hoy Javier Cruz, presidente provincial de Las Palmas de CSIF.
"Acumulación de citas"
Desde el sindicato denuncian que los inconvenientes están en que surgen interrupciones de los sistemas, pérdidas de conexión, lentitud en las aplicaciones. ¿La consecuencia? Que se generan —dicen— “retrasos, acumulación de citas y una enorme frustración tanto entre los empleados públicos como entre los usuarios que acuden a realizar sus trámites”.
“Una situación que se viene repitiendo desde hace meses, sin que la Administración haya ofrecido explicaciones convincentes, ni haya adoptado medidas eficaces para resolverla”, ponen sobre la mesa en una nota. Aseguran que tampoco les han explicado el origen de los errores ni cuál será el calendario de actuaciones que garanticen una solución definitiva.
Citas previas
“Hoy mismo [este lunes] arrancamos otra vez con una caída de línea. Esto significa que tienes las citas previas programadas cada pocos minutos y, de repente, pasas un tiempo sin poder atender a nadie. Lo que debería hacerse en diez o doce minutos acaba llevándose media hora”, sentencia Cruz, quien también es portavoz de CSIF en el Ministerio del Interior.
La única alternativa que le queda a la ciudadanía es marcharse a casa con una nueva cita para volver otro día a renovar su DNI o pasaporte. Asegura que la parte más preocupante es que, en las próximas semanas, habrá miles de migrantes que acudan a por su Tarjeta de Identificación de Extranjeros (TIE) a raíz del proceso de regularización que está en marcha.
Las comisarías
Por lo tanto, pueden darse mayores colapsos en comisarías para expedir documentación de las Islas como las de Siete Palmas, Telde, Maspalomas, Puerto del Rosario, Arrecife, Santa Cruz de Tenerife, Puerto de la Cruz o Los Cristianos —entre otras—. “Hace dos semanas había más de 500.000 solicitudes presentadas a nivel nacional”, afirma el portavoz de CSIF.
Ahora bien, hasta la semana pasada solo habían llegado a la Policía 18 expedientes de los 500.000 que se han puesto en marcha. Se trata de un dato a nivel nacional que todavía no se ha disgregado por comunidades autónomas. Cuando todos reciban el visto bueno llegarán a las comisarías para proceder a una expedición física de las TIE.
Pico de trabajo
Pero la cosa no queda ahí: el plazo sigue abierto hasta el 30 de junio y —dice— desde la Policía se esperan alrededor de un millón de solicitudes. “Además, el problema coincide con el verano, una época en la que aumenta notablemente la expedición de documentación”, cuenta. Lo que se une a que parte del personal disfruta en esa época de sus vacaciones.
“Cuando terminan los colegios comienza uno de los mayores picos de demanda del año. Muchas personas aprovechan para renovar su documentación antes de viajar, por lo que las oficinas registran una actividad muy intensa”, relata.
"Mayor demanda"
Cruz relata que de momento la demanda se absorbe porque, aunque haya días con incidencias, cuando el sistema vuelve a funcionar se recupera parte del trabajo pendiente. “El problema es que estamos entrando en la época de mayor demanda y todavía no ha llegado la carga extraordinaria derivada de la regularización”, destaca.
El representante sindical detalla que la Policía Nacional ha aprobado un plan de choque extraordinario que contempla aperturas especiales de tarde, entre las cuatro y las ocho, en determinadas oficinas donde se detecten picos de demanda. Una idea que será aplicable en todas las comunidades autónomas.
“El problema es que todavía no se conocen los criterios para decidir dónde se aplicará, cuándo comenzará ni cuándo finalizará. Tampoco se activará de manera generalizada, sino únicamente en aquellas oficinas donde se detecte una sobrecarga de trabajo”, concluye.