Pocos días después de que entrara en vigor el nuevo Reglamento de Extranjería, la sensación de desconcierto y decepción embarga tanto a las personas extranjeras, a las diferentes ONGs y hasta al propio personal de las Oficinas de Extranjería.

Desde el mes de noviembre de 2024, diferentes asociaciones y organizaciones, entre las que se encuentra CEAR, Cáritas o Red Acoge, advertían de las luces y las sombras que escondía la nueva norma.

Situación irregular

Hace seis meses, las diferentes entidades que trabajan y asesoran a personas extranjeras ya avisaban de las graves consecuencias que tendría la aplicación de la norma, sobre todo para los miles de solicitantes de asilo, cuyas solicitudes sean denegadas. Por entonces, se estimaba que el 88% de las solicitudes, unos 2,8 millones de ciudadanos extranjeros,  podrían quedar en situación administrativa irregular.

Antes de la entrada en vigor de la reforma, durante la tramitación (que dura entre uno y dos años), las personas solicitantes contaban con autorización para permanecer y trabajar en España. Con la reforma ya en vigor, la denegación del asilo supone la pérdida de esa autorización

Regularización extraordinaria 

Fuentes de Cáritas Diocesana de Tenerife, en declaraciones a Atlántico Hoy, lamentan que, ante la reforma del nuevo reglamento, no se hubiese tenido en cuenta la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) que se tramitaba en el Congreso y que pretendía una regularización extraordinaria, como vía para garantizar derechos a miles de personas que viven y trabajan en nuestro país.

La actualización de la Ley de Extranjería supone para miles de personas que, siendo trabajadores y cotizantes mientras tramitan sus expedientes, puedan quedar en un limbo administrativo, en una situación de mera permanencia, pudiendo llegar a perder su trabajo e ingresos.

Arrojados a la clandestinidad

Desde Cáritas Tenerife se quejan de un grave retroceso y de la penalización a la que se someten los solicitantes de asilo si reciben una respuesta negativa al trámite, ya que todo el tiempo que hayan vivido y trabajado en suelo español no computará para demostrar su arraigo y tendrán que vivir en la clandestinidad, al menos, durante dos años para poder solicitar un permiso de residencia.

Con la aplicación del nuevo reglamento, las personas extranjeras que se encuentren regularizando su situación administrativa, aún contando con un trabajo y nómina en mano -en la que se le descuentan los impuestos correspondientes-, de recibir una negativa a su solicitud pasarían a ser consideradas no integradas, “una auténtica contradicción”.

Aportan crecimiento

“El nuevo reglamento de Extranjería contiene algunas ventajas, pero esconde lo que se intentaba solucionar con la ILP”, apuntan desde la ONG, destacando que la tramitación parlamentaria perseguía regularizar la situación de extranjeros que ya están integrados, apuntalando el crecimiento económico, vía empleo, y poblacional por los nuevos nacimientos.

“Muchísima gente llega a las islas con la pretensión de trabajar o de crear una empresa y generar empleo. Luego hay otros perfiles, claro. Pero con esta norma estás cerrando la puerta a estos otros que ya están más que integrados”, destacan 

No hay papeles para todos

Otro de los motivos de queja es la racialización que se ejerce desde distintos frentes, desde los que se critica que con la aplicación de la norma se busca dar “papeles para todos”,  con la vista puesta, principalmente, en las personas que han llegado a las islas desde el continente africano.

Al respecto, desde Cáritas indican que el gran volumen de las personas que tramitan su regularización en Canarias proceden de Venezuela y otros países latinoamericanos, marcando bastante distancia con los llegados desde países europeos o africanos, que representan un pequeño porcentaje.

Objetivo

La reforma del Reglamento de Extranjería -que obedece a la necesidad de adecuarse al marco normativo europeo-, reorganiza los procedimientos y crea nuevas categorías para gestionar la residencia y el empleo de extranjeros.

La norma, cuyo objetivo es agilizar trámites administrativos y clarificar las competencias entre las distintas autoridades, beneficiando tanto a personas como a empresas y administraciones, introduce cambios en los visados, permisos de trabajo, arraigo y reagrupación familiar.