El Juzgado de Instrucción número 2 de Las Palmas de Gran Canaria ha dictado el auto de conclusión de sumario del caso 18 lovas, con seis procesados por su relación con una supuesta red de prostitución de menores, muchas bajo tutela del Gobierno de Canarias, que operaba con la apariencia de una falsa agencia de azafatas.
El auto de conclusión de sumario cierra la investigación y traslada la causa a la Audiencia de Las Palmas, que es el tribunal encargado de celebrar el juicio por la gravedad de los delitos. En este caso serán los magistrados de la Sección Primera quienes celebren la vista oral.
Avance importante
Las fuentes consultadas explican que se ha notificado a todos los afectados y afectadas la conclusión de la instrucción. El siguiente paso, si no hay recursos de por medio, es darle traslado a la Fiscalía, al resto de las acusaciones y a las defensas para que emitan sus conclusiones provisionales. Luego se dictará auto de apertura de juicio oral.
Aún es pronto para vaticinar el inicio de la vista, pero todo apunta a que se retrasará hasta 2027 o, en el mejor de los casos, hasta finales de este año. La cosa dependerá de lo que tarde en llegar el pleito a la mesa del ministerio público. Con suerte, si no hay más demoras, la acusación podría estar lista antes del verano.
Tramitación compleja
El juez procesó a los investigados en 2021, pero en 2024 la Audiencia revocó una parte del auto y ordenó que se incluyera a varias menores de 15, 16 y 17 años.
Ese trámite, que ya está resuelto, no ha alterado las conclusiones del magistrado instructor. Rafael Passaro mantiene a seis implicados en la trama, entre ellos el empresario Eustasio López.
En el procedimiento también ha intentado personarse sin éxito un hijo de Santana Cazorla, principal competidor de López en el sur de Gran Canaria hasta que éste se quedó con casi todos sus activos turísticos.
La red operó entre 2015 y 2016 captando a jóvenes, muchas menores de edad, bajo la falsa promesa de ofrecerles empleos como animadoras o gogós. El objetivo, según la autoridad judicial, era introducirlas en la prostitución mediante técnicas de manipulación y coacción.
Vulnerabilidad
El cabecilla de la trama, Agustín Alemán Barreto, alias Yino, utilizaba fotografías íntimas para chantajear a las víctimas y evitar que abandonaran la red.
El juez destaca que los procesados se aprovecharon de la extrema vulnerabilidad de las 12 víctimas identificadas, quienes carecían de referentes familiares sólidos.
Sólo Yino se enfrenta a 24 delitos de prostitución de menores, por lo que las peticiones de condena podrían ser excepcionalmente altas, sobre los 100 años de prisión. Alemán se encuentra en prisión por la operación Íncubos, otra causa en la que esta investigado por hechos similares.
Fianza millonaria
El resto de procesados son Eugenio Hernández de León, Antonio Dascenzo, Domingo Hernández Tarajano, Emilio Cabrera Caballero y Eustasio López.
Ante la gravedad de los hechos, que incluyen delitos de prostitución de menores, agresión sexual y trato degradante, el juez ha impuesto a los procesados una fianza conjunta de 1.263.900 euros.