El sindicato Comisiones Obreras (CCOO) de Canarias ha expresado su rechazo categórico a la reciente modificación aprobada en los presupuestos autonómicos, que permite a los ayuntamientos sustituir el servicio de ayuda a domicilio por una prestación económica para los usuarios.

La enmienda, promovida por los grupos parlamentarios que apoyan al Gobierno de Canarias (CC, PP, ASG y AHI) y calificada como inconstitucional por el PSOE y Nueva Canarias (NC), ha generado un intenso debate en el ámbito de los servicios sociales.

Según un comunicado emitido por CCOO, esta decisión pone en peligro una prestación clave para la calidad de vida de personas con autonomía limitada. La ayuda a domicilio, prevista en el catálogo de servicios sociales, no solo es un soporte crucial para quienes necesitan atención constante, sino que también permite que estas personas puedan permanecer en su entorno familiar el mayor tiempo posible.

CCOO enfatiza que Canarias ya enfrenta un déficit significativo en plazas residenciales públicas y privadas, lo que obliga a muchas familias a asumir directamente el cuidado de personas con alto grado de dependencia. Esta situación genera un desgaste físico y emocional entre los cuidadores, razón por la cual los servicios profesionalizados de ayuda a domicilio son indispensables.

Privatización encubierta

El sindicato denuncia que esta medida representa una forma de "privatización encubierta", al derivar a los usuarios hacia la contratación de servicios privados en lugar de reforzar la oferta pública.

Aunque la Ley de Dependencia contempla excepciones para el uso de prestaciones económicas, estas deberían limitarse a casos en los que no sea posible garantizar la cobertura pública directa. Sin embargo, la escasa oferta pública ya está saturando al sector privado, afectando tanto la calidad como la accesibilidad del servicio.

CCOO se une al posicionamiento crítico de los colegios profesionales de Trabajo Social de Canarias, que también han defendido la importancia de preservar este servicio público. Ambos sectores coinciden en que la decisión contradice los principios fundamentales de la Ley de Dependencia y reduce la eficacia del sistema de servicios sociales en una de las regiones con índices más bajos de desarrollo social.

El sindicato hace un llamado a reconsiderar esta medida, subrayando que el fortalecimiento del servicio público de ayuda a domicilio es esencial para garantizar una atención digna y equitativa a las personas en situación de dependencia.