Trabajadoras del Servicio de Ayuda a Domicilio (SAD) de Santa Cruz de Tenerife han denunciado ante la Diputada del Común, Lola Padrón, las circunstancias que están soportando en la realización de su trabajo, destacando deficiencias en la calidad del servicio a mayores y dependientes y, en algunos casos, acoso sexual durante las jornadas laborales.
Durante una reunión celebrada este miércoles, entre Verónica González y Carmen Delia Henríquez (portavoces del sindicato USO) y Lola Padrón, temas como la precariedad que vive el colectivo y los fallos en el servicio formaron parte de la conversación.
Acoso sexual
Las trabajadoras señalaron falta de control sobre la ejecución de los servicios, recortes horarios tras el traspaso y episodios de acoso sexual por parte de algunos usuarios, además de condiciones de limpieza en domicilios que no cumplirían mínimos higiénico-sanitarios.
González explicó que la problemática no solo impacta a las empleadas, sino que pone en riesgo la atención a las personas a su cargo, que reciben, entre otras labores, aseo personal, compras esenciales, acompañamiento a citas médicas y apoyo para prevenir la soledad de personas en situación de vulnerabilidad.
Inseguridad
Sobre el acoso sexual que han sufrido algunas de las trabajdoras, estas han expresado que “se realizan servicios donde las trabajadoras han sufrido acoso y agresión sexual; se retira a la trabajadora y se reubica a otra sin avisos previos para evitar que denuncie”.
Según ellas, estos domicilios son lugares donde se opera a puerta cerrada con el acosador y existe doble intimidación, con solo tres casos de retirada de servicios hasta la fecha, impulsados por la Comisión de Igualdad del comité.
Abrir una investigación
Padrón ha insistido en recordar que el 92% de las trabajadoras del SAD son mujeres y que, en algunos casos, han vivido situaciones de acoso sin suficientes respuestas.
Por otro lado, la Diputada del Común ha instado al Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife a abrir una investigación sobre los asuntos planteados y también cuestionó el cambio en las horas de atención tras la transferencia del servicio a la Comunidad Autónoma.
Además, la representante de la Institución destacó la necesidad de aclarar la reducción horaria “sin explicación alguna a las familias” y pidió verificar que la empresa adjudicataria cumpla con el pliego de condiciones, asegurando que el servicio se preste con la calidad requerida y sin recortes que afecten la dignidad de las personas usuarias.