El debate en torno al reparto de menores migrantes no ha dado ni una sola tregua en las últimas dos semanas. Tanto los días previos como posteriores a que el Consejo de Ministros aprobara el decreto que lo regula, varias comunidades manifestaron su rechazo. Baleares, por ejemplo, evitará por todos los medios recibir a los 49 jóvenes que le corresponden porque —dicen— empiezan a estar saturados.

Desde Canarias se ha cuestionado sus argumentos porque en la actualidad acogen alrededor de 700 chicos, una cifra que dista mucho de los casi 6.000 que tutela el Gobierno encabezado por Fernando Clavijo. La presión del sistema no solo afecta a aquellos se juegan la vida en el mar y llegan a un territorio que tiene los servicios colapsados, sino también a quienes deben cuidarlos para garantizar que tengan una vida digna.

Educadores desbordados

La situación pasa factura desde hace tiempo a los educadores sociales que trabajan en los centros de acogida. La llegada cada vez mayor de menores —con las calmas de septiembre a la vuelta de la esquina— han hecho que su oficio se vuelva más complicado. Sobre todo al tener en cuenta que los recursos se han incorporado en poco tiempo porque el año del estallido fue 2020 —al surgir la segunda crisis de los cayucos—.

“Son pocos centros, las plantillas son cortas y evidentemente aumenta la saturación”, afirma Cesc Poch, responsable confederal de migraciones de UGT, en declaraciones a Atlántico Hoy. Se trata de una realidad que les ha transmitido con frecuencia la Federación de Servicio Públicos del sindicato en el Archipiélago. Pero la cosa no queda ahí porque al haber equipos pequeños, dice, cogerse una baja o un día libre resulta muy complicado.

Cargas emocionales

El problema no solo son las condiciones en las que desarrollan su labor, sino enfrentarse a las duras mochilas que arrastran los menores —que provienen de países como Marruecos, Mali, Gambia, Senegal o Mauritania— a sus espaldas. “El nivel de estrés es muy grande”, exclama. Apunta que es clave tener en cuenta la realidad que vivieron los jóvenes al salir de su entorno, en el viaje, durante el tiempo que vivieron en el mar o en la propia llegada.

“Todo esto no es fácil y los educadores tienen que encarar situaciones muy límites”, señala Poch. Además, pone sobre la mesa que desde el sindicato transmiten su máximo reconocimiento a los profesionales “porque es un reto el trabajo que están haciendo en condiciones, a veces, demasiado precarias”. Deben hacer frente a la educación que requieren los chicos porque aún están en edad formativa.

Condiciones laborales

El responsable confederal de migraciones de UGT incide en que entre mejor sean las condiciones laborales de los educadores y monitores, de mayor calidad será la acogida, inserción y capacitación de los menores migrantes. “Se encuentran con cuestiones muy duras, son cosas humanas que vives muy de cerca. De hecho, los protocolos tendrían que mejorar igual que las ratios, las condiciones y los horarios de las personas”, resalta.

En cuanto al reparto y las pocas llegadas durante el verano, comenta que si ahora baja la presión, las condiciones laborales pueden mejorar. Ahora bien, advierte que “no es una crisis puntual, sino una situación estructural”. “Lo más probable es que vaya en aumento porque en los países de salida, aunque hagamos todas las políticas necesarias, hay conflictos, cambio climático y desigualdades sociales crecientes”, añade.

Solidaridad territorial

“La inmensa mayoría sabe bien a dónde viene, quiere trabajar y formarse. Es gente que va a aportar cosas importantes en nuestra sociedad, les tenemos que dar la oportunidad”, reflexiona Poch. “Nuestro país no debe tener ninguna dificultad para atenderlos”, apostilla. Sobre los criterios de solidaridad territorial, asevera que están bien hechos porque se basan en criterios como la población que tenga cada comunidad.

“El reparto”, dice, “es absolutamente solidario y con criterios objetivos, además es una obligación legal”. Bajo su punto de vista, la negativa de comunidades como Baleares —o unos días más tarde a realizar esta entrevista, Andalucía— a acoger a los menores, tiene sobre todo relación con la disputa política.

Obligación social

“Es una obligación moral porque son jóvenes en edad de formación y también es una obligación social, porque nuestra sociedad no quiere que estos menores estén en la calle. Tienen que ser acogidos y los servicios deben ser los adecuados”, sentencia.

Destaca también que han visitado municipios canarios donde hay un número adecuado de menores, no se dan conflictos y los vecinos están contentos. “Participan en las actividades sociales, en las actividades deportivas y en la vida de los institutos de educación”, sostiene.

Mejoras urgentes

Poch insiste en que, de todas formas, no se trata de un problema puntual y hay que ponerse manos a la obra para mejorar las condiciones laborales de los educadores sociales. “Las empresas se deben redimensionar, tener la estructura adecuada y hacer prevención de riesgos psicosociales”, subraya.

“Los directores tienen también una situación de estrés grande, es un sector nuevo que debemos dignificar porque queremos que los trabajadores y trabajadoras tengan sus condiciones dignas y que el sistema de acogida funcione”, sentencia.