Teresa, vecina de El Sobradillo (Santa Cruz de Tenerife) habla de sus hijos con una mezcla de amor, cansancio y esperanza. Han pasado casi cinco años desde que sus cuatro menores fueron separados de ella y, mientras espera una nueva fecha para otra vista judicial, siente que el regreso a casa se aleja cada vez más. Su mayor preocupación es su hija pequeña, de 10 años, a la que apenas puede ver una hora cada dos meses.
La familia sostiene que la separación comenzó en diciembre de 2021, tras la muerte del hermano de Teresa, a quien ella había cuidado desde niña. Según su relato, atravesó entonces una depresión muy intensa y pidió apoyo temporal para atender a los niños mientras se recuperaba. “Yo pedí que me apoyasen con los niños durante un poco de tiempo”, cuenta. “No que se los quedaran para siempre”, matiza.
Una ayuda que terminó en separación
Teresa, en declaraciones a Atlántico Hoy, asegura que firmó documentos sin que le explicaran con claridad el alcance de la medida. Semanas después, relata, le comunicaron que debía entregar a los menores en un centro. Dice que aceptó por miedo a que la policía acudiera al colegio a recogerlos y porque no quería que sus hijos vivieran ese momento.
La madre explica que la familia tenía la impresión inicial de que la situación duraría unos seis meses. Por otra parte, el padre, según detalla, estaba dispuesto a hacerse cargo de los menores con el apoyo de otros familiares. Sin embargo, pasado ese plazo, los niños no regresaron a casa.
Desde entonces, Teresa afirma haber remitido a la Administración (Dirección General del Menor) documentación sobre su situación médica, laboral y familiar. Ahora tiene 40 años, goza de buena salud, trabaja y dispone de vivienda en propiedad. Su defensa sostiene que las circunstancias han cambiado, pero que los informes siguen anclados en la situación de 2021.
“Llevan años pidiendo que los valoren”
La abogada de la familia, Margarita López Anadón, en declaraciones también a este medio, asegura que Teresa y su pareja han solicitado reiteradamente la revisión de su situación para recuperar a los cuatro hijos. “Llevan años pidiendo que se revisen las condiciones para que se reintegren”, explica la letrada, que denuncia que la Dirección General del Menor habría ratificado el desamparo y la separación definitiva sin una valoración técnica actualizada.
“Antes de dictar una resolución para confirmar el desamparo, se supone que tienes que hacer una valoración y un seguimiento actualizado de la familia. No se la han hecho”, sostiene López Anadón. Según su relato, el informe técnico mantendría que “continúan los indicadores de desamparo”, una afirmación que la abogada cuestiona: “¿Cómo lo sabes sin haber ido ni un día a la casa?”.
La Ley 26/2015 establece que las medidas de protección no permanentes deben revisarse cada seis meses en el caso de menores mayores de tres años, y cada tres meses si son más pequeños. La norma también prioriza, cuando no sea contrario al interés del menor, la reintegración en la propia familia y que los hermanos permanezcan unidos.
La pequeña, separada de sus hermanos
Uno de los aspectos que más duele a Teresa es la situación de su hija menor. La madre denuncia que la niña fue separada de sus tres hermanos y entregada en acogimiento a una mujer de Las Palmas de Gran Canaria. Según su relato, solo puede verla durante una hora cada dos meses, mientras que con los otros tres hijos, de entre 12 y 15 años, el contacto entre hermanos se limita a una hora mensual.
La abogada explica que recurrió la decisión ante la Audiencia Provincial tras un juicio de medidas cautelares en el que, según relata, no obtuvo una resolución favorable. A su juicio, el único motivo esgrimido por la entidad pública para separar a los hermanos fue la “especial vinculación” de la menor con la mujer que la acoge.
“El día a día no es lo mismo que verte de vez en cuando. Entre los hermanos se ven una vez al mes, que es poquísimo. Entonces, más que hermano, termina siendo tu primo”, afirma López Andon. Al respecto, la letrada recuerda que la ley estatal dispone que no pueden impedirse sin justa causa las relaciones del menor con sus hermanos y que debe fomentarse su convivencia y relación siempre que redunde en su interés.
Menos visitas tras hacer público el caso
Teresa afirma que, después de denunciar públicamente su situación hace unos meses en Atlántico Hoy y otros medios, la Dirección General de Protección a la Infancia y las Familias le comunicó que las visitas se reducirían porque supuestamente estaba exponiendo a los niños. La madre niega haber difundido fotografías, nombres o datos que permitieran identificarlos.
La abogada califica la medida de “castigo” y recuerda que las visitas son, ante todo, un derecho de los menores. “Las visitas son un derecho de los menores, no de sus padres. A quienes les han quitado ese derecho es a los menores”, destaca.
Una vista que no pudo celebrarse
El caso volvió a los tribunales el pasado 7 de octubre, pero la vista prevista sobre la situación de los tres hermanos mayores no llegó a celebrarse. Según la explicación de la abogada, no comparecieron los técnicos y profesionales propuestos por la propia entidad pública y la representación jurídica de la Administración no habría tenido constancia del señalamiento.
López Anadón sostiene además que no se remitió a tiempo el expediente actualizado -que cifra en unas 4.000 páginas- ni determinados informes y documentos necesarios para la revisión judicial. “La juez estaba realmente muy disgustada. Dijo que ya no sabía qué hacer, qué estaba harta porque la entidad pública nunca cumple con los requerimientos del propio juzgado”, relata la letrada.
Según la abogada, la magistrada expresó su preocupación por las dificultades para recibir documentación actualizada de la Dirección General. También la representante del Ministerio Fiscal habría manifestado su inquietud por la falta de información suficiente en un procedimiento que afecta directamente a la vida de niños y adolescentes.
El tiempo que no vuelve
Para Teresa, cada aplazamiento tiene una consecuencia concreta ya que sus hijos crecen lejos de casa. La mayor se acerca a los 16 años y la pequeña tiene 10. La espera no es abstracta, sino una sucesión de cumpleaños, llamadas, visitas breves y oportunidades familiares que no se recuperan.
En relación con este asunto, la abogada no esconde su sospecha y su derecho a sospechar cuando, desde este medio, preguntamos a qué obedece esta sucesión de acontecimientos en torno a cuatro menores y su familia, además de la propia separación entre hermanos, debilitando el vínculo entre ellos.
No ha habido propuesta a la familia
“Yo no estoy afirmando nada. Yo estoy sospechando que la Administración se mantiene en el concepto de desamparo a los cuatro hermanos porque es la excusa perfecta para separar a la más pequeña y que se la quede esa mujer”, explica la abogada.
López Andadón concluye que el procedimiento que ha seguido la administración no cumple con lo que establece la Ley, mencionando que “una especial vinculación” con alguien no es “motivo suficiente” para separar a los hermanos y recalca que “antes de dictar una resolución de medida de protección de la clase que sea, siempre la ley dice que tú tienes que hacer una propuesta a la familia, para que en diez días les de trámite de audiencia y puedan alegar lo que estimen oportuno".
Sin embargo, concluye que ni este paso se ha dado "ni hubo trámite de audiencia de ninguna clase”.
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