La asociación Deniper (Información y Defensa de los Derechos de los Menores y las Familias) acusa a la Administración de prolongar de forma injustificada el desamparo de cuatro menores tinerfeños y de vulnerar la propia ley de protección a la infancia al separarlos y mantenerlos alejados de su familia pese a la recuperación de la madre.
Así lo denuncia su presidenta, Elsa Baute, quien se ha convertido en representante jurídica de la familia y en una de las voces más críticas con el sistema de protección de menores en Canarias.
Desamparo provisional
Baute explica que el caso de la familia del barrio del Sobradillo se remonta a 2021, cuando se decretó un desamparo provisional de los cuatro hijos, tras una crisis emocional de la madre, y responde a una medida que debe ser “temporal y revisable: una vez superada la situación que la motiva, los menores deberían regresar al hogar”.
Añade que, cuatro años después, los niños siguen en acogimiento y la familia, asegura, ha demostrado de forma reiterada que está en condiciones de hacerse cargo: la madre se ha estabilizado, se considera “coherente” y “perfectamente capacitada”, y no han fallado a las visitas. “Se inventan una cosa, la familia la desmonta, luego inventan otra, y así sin fin”, resume la presidenta de Denipren, que describe el proceso como “un calvario” en el que “nunca ganan las familias”.
Críticas
Desde Denipren señalan directamente a la Dirección General de Protección del Menor y a la Fiscalía como responsables de un engranaje que, en la práctica, no estaría cumpliendo su función de control.
La asociación denuncia que, pasado un determinado plazo, el tiempo juega en contra de los padres: los procedimientos se alargan tanto que, a partir de dos años, se complica acudir a los juzgados, aunque el desamparo siga siendo, jurídicamente, “provisional”. En paralelo, se firman acogimientos mientras, según Denipren, las familias ya están recuperadas y disponibles para retomar el cuidado de los menores.
Guarda voluntaria
Baute subraya que, además del desamparo provisional, la legislación contempla la figura de la guarda voluntaria.
“Cuando una familia atraviesa una crisis y no puede atender temporalmente a sus hijos, puede entregarlos de forma voluntaria a la Administración y recuperarlos cuando la situación se normaliza”.
Opciones
En este caso, afirma, esa opción nunca se ofreció ni se aplicó, pese a que encajaba con la situación de la madre, que pidió ayuda puntual en un momento de vulnerabilidad.
Para la presidenta de Denipren, el hecho de que no se haya recurrido a la guarda voluntaria y se mantenga un desamparo prolongado refleja una dinámica institucional que “no interesa” corregir, porque la desesperación de las familias dificulta que puedan defenderse con eficacia.
Separar hermanos
Uno de los puntos más graves que denuncia la asociación es la separación de los hermanos, algo que, recuerda Baute, la propia ley del menor prohíbe salvo causas excepcionales.
Considera “inaudito” que se haya permitido repartir a los cuatro menores en distintos recursos y, en el caso de la pequeña, mantenerla en otra isla, rompiendo aún más los vínculos afectivos.
Acompañamiento jurídico
Denipren, con sede en Santa Cruz de Tenerife pero ámbito de actuación en toda Canarias, se presenta como una red de apoyo para familias que se sienten desbordadas por la maquinaria administrativa y judicial. En este caso, Elsa Baute actúa como representante jurídica de la familia, impulsa escritos ante Fiscalía y Menores y acompaña a los progenitores en los trámites.
La asociación insiste en que no se trata de casos aislados, sino de un patrón en el que se combinan la "falta de aplicación de figuras como la guarda voluntaria, la separación injustificada de hermanos y la opacidad en los expedientes".
Por ello, reclaman un cambio profundo en los protocolos de protección, mayor supervisión de las entidades que gestionan recursos de acogida y una revisión ágil de los casos en los que las familias ya han superado la crisis que motivó la intervención.