El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha reconocido que, con la gran cantidad de menores tutelados y durante tanto tiempo, “es difícil que los controles funcionen” de forma efectiva. Lo ha dicho tras conocerse el cierre del centro de menores de Arinaga (Gran Canaria), gestionado por la ONG Quorum 77, cuyos dos directivos han sido detenidos por presuntos malos tratos.
En declaraciones a los medios durante un acto en La Palma, Clavijo lamentó lo sucedido y expresó su “máxima preocupación” por la posible vulneración de derechos de los menores, en una investigación que continúa bajo secreto de sumario.
“Delitos de mucha gravedad”
El presidente ha asegurado que el Gobierno de Canarias colaborará en todo lo necesario para esclarecer los hechos. Añadió que “llevábamos tiempo advirtiendo que estas circunstancias podían ocurrir” y confía en que “sea solo esto”.
Sobre los delitos que han trascendido, Clavijo advirtió de que se trata de acusaciones graves. En este sentido, pidió celeridad en la investigación y medidas eficaces para evitar que se repitan este tipo de situaciones.
5.400 menores tutelados
Clavijo también se refirió al retraso en los traslados de menores migrantes solicitantes de asilo a otras comunidades. Recordó que el proceso ha tardado cuatro meses en comenzar y que tuvo que intervenir el Tribunal Supremo para desbloquearlo.
El presidente canario insistió en que Canarias, como territorio fragmentado, no puede seguir asumiendo en solitario la tutela de los 5.400 menores no acompañados que están actualmente bajo su responsabilidad.
Llamado a la solidaridad
Clavijo anunció que contactará con la ministra de Infancia, Sira Rego, para dar seguimiento al caso. También pidió a los demás presidentes autonómicos que revisen su postura “insolidaria”, ya que este tipo de situaciones derivan, según dijo, de la falta de corresponsabilidad estatal.
Por su parte, el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, declaró en La Palma que desconoce los detalles del caso, pero recordó que si hay detenciones es porque hay indicios graves. Torres también aclaró que la gestión de este tipo de centros no es competencia del Gobierno de España, sino de otras administraciones o entidades. Finalmente, pidió que se aclaren todas las circunstancias para depurar responsabilidades.