"Había un grupo de intervención y les pagaban un buen extra cada vez que había un conflicto. Cuando necesitaban dinero, buscaban el conflicto y así conseguían un sobresueldo". Es el testimonio que narra a Atlántico Hoy un extrabajador de Quorum 77 en Tenerife, entidad gestora de múltiples centros de menores migrantes en Canarias que el pasado 24 de julio recibió un registro ordenado por el Juzgado de Violencia contra la Infancia y la Adolescencia en Gran Canaria, en el marco de una macrooperación que investiga presuntos malos tratos a los menores residentes en sus centros.
Esa operación terminó con el cierre del centro de menores migrantes de primera llegada José García I en Arinaga (Agüimes) y la detención de la presidenta de la organización, Delia García, y el director de centros, Enrique Quintana Ramos. No obstante, hace meses, en mayo de 2025, fueron detenidos nueve trabajadores en el centro "La Fortaleza I" en Santa Brígida por presuntos delitos de lesiones, odio, amenazas e integridad moral, y el centro también fue cerrado.
Múltiples testimonios
Desde entonces, poco a poco, se han ido conociendo más detalles de cómo trabajaba Quorum 77. El testimonio de este extrabajador de Tenerife a Atlántico Hoy, que prefiere mantenerse en el anonimato, concuerda con el relato de otros antiguos empleados de la empresa recogidos recientemente por Canarias 7, que describe "un grupo que se llamaba el equipo Brigada, integrado por auxiliares educativos, que venían de Bandama y los llamaban de cualquier centro en el que hubiera alguna urgencia para aplacar el conflicto, te podrás imaginar de qué manera".
El extrabajador con el que ha contactado Atlántico Hoy en Tenerife relata que "les llamaban cuando pasaba algo y acudían, pero cuando vieron que era un chollo, ellos mismos creaban los conflictos. A los demás trabajadores les pagan 10 euros la hora extra, pero a estos tíos les daban mucho más. Eso llevaba a que, cuando necesitaban dinero, el conflicto lo creasen los propios educadores".
"Si el educador le decía al chaval 10 veces que se levantara de la cama en castellano y no le entendía, ya había un conflicto. A partir de ahí, escalaba. Así funcionaba el equipo de intervención, y en Las Palmas tenían otro", añade, lo que concuerda con lo relatado por Canarias 7.
Se sabía desde 2021
Para mayor agravante, este jueves, el diario El País ha adelantado también que el Gobierno de Canarias y la Fiscalía conocían los malos tratos a menores migrantes en ese y otros centros al menos desde 2021.
El País cita a Virginia Álvarez, responsable de Investigación de Amnistía Internacional, que asegura que apenas había inspecciones en los centros donde se denunciaban malos tratos y que la Fiscalía, pese a tener denuncias, no actuó como debía.
En 2021, ante la avalancha de cayucos que llegaron a Canarias, el desbordamiento de los centros y la nula respuesta a las denuncias formuladas, varios educadores se pusieron en contacto con Amnistía Internacional. "Ya ese año empezamos a escuchar el término de porteros de discoteca en referencia a los cuidadores, un concepto que a lo largo de estos años hemos visto como ha calado en el imaginario colectivo, está totalmente normalizado”, relata Virginia Álvarez a El País.
Ese término, "poreros de discoteca", lo utiliza también en declaraciones a Atlántico Hoy el extrabajador de Quorum 77 en Tenerife: "El perfil de los educadores que estaban ahí era de porteros de discoteca, sin estudios ni nada, y cuando había que hacer alguna intervención acudían. Cuando vieron que era un chollo, generaron ellos los conflictos".