La asociación Quorum Social 77, cuyos centros están siendo inspeccionados por orden judicial tras denuncias de malos tratos a menores migrantes, gestiona actualmente el 35% de todos los niños y adolescentes llegados en patera que están bajo tutela del Gobierno de Canarias.
Según datos de la Dirección General de Protección a la Infancia aportados a EFE, esta entidad gestiona 1.925 plazas, de las 5.484 que estaban registradas en el sistema de protección a 18 de julio. Es decir, uno de cada tres menores tutelados en las islas está a su cargo.
Una red con peso millonario
Fundada en 2009, Quórum Social 77 ha trabajado con la administración autonómica en distintos ámbitos, pero cobró protagonismo desde 2019 con la reactivación de la Ruta Migratoria Canaria, cuando pasó a ser uno de los principales operadores de acogida en el archipiélago.
Solo en 2024, el Gobierno de Canarias le adjudicó once nuevos centros en Gran Canaria y Tenerife por un total de 6,97 millones de euros, aunque su facturación potencial supera los cinco millones mensuales, según cálculos basados en los precios públicos del sistema.
Centros clausurados y directivos detenidos
En el marco de una investigación abierta por el Juzgado de Violencia sobre la Infancia de Las Palmas, se han clausurado ya varios centros gestionados por la entidad, entre ellos La Fortaleza I y el de Arinaga, donde se alojaban 148 adolescentes.
Durante los registros, la Policía detuvo a nueve trabajadores y dos directivos, ya puestos en libertad con cargos. El caso se inició en mayo tras denuncias de insultos racistas, amenazas y malos tratos por parte de varios menores residentes.
El juez ve indicios de delitos
El Tribunal Superior de Justicia de Canarias justificó el cierre de La Fortaleza I por “numerosas evidencias y testimonios” de presuntos delitos de lesiones, odio, amenazas, omisión del deber de impedir delitos y atentados contra la integridad moral, cometidos en el ejercicio de la actividad con los menores.
Las nuevas inspecciones ordenadas por el juez apuntan a conductas similares en otros centros, aunque por el momento solo una parte de las plazas que gestiona Quorum —unas 200— se han visto afectadas por la investigación judicial.
Debate político sobre la saturación
El caso ha reactivado el debate sobre la capacidad del sistema de acogida, que el presidente canario, Fernando Clavijo, calificó esta semana como desbordado ante los casi 6.000 menores tutelados. Sin embargo, el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, ha advertido que la saturación no puede justificar delitos.
La falta de recursos y supervisión, advertida por el propio Gobierno autonómico, vuelve a ponerse sobre la mesa mientras se reorganiza la atención a los menores realojados y continúa la instrucción judicial bajo secreto de sumario.