La construcción del macroproyecto turístico Cuna del Alma por parte de la promotora Segunda Casa tiene diferentes procesos abiertos en los juzgados de la isla. Uno de esos procesos se inició en julio a raíz de una denuncia por ocho delitos cometidos a lo largo del proceso de construcción. Los denunciantes alegan que están en situación de “indefensión” tras una reunión con la fiscal superior de Canarias, María Farnés, este jueves que se ha interesado por la situación. 

“Hay una gran indefensión de la acción ciudadana”, ha explicado el portavoz de la Acampada Reivindicativa Lolo Dorta, Eloy Cuadra, tras la reunión con la fiscal. “Ni avanza ni nos comunican nada”, reprochan sobre la denuncia que presentaron hace ya tres meses y de la que no han tenido ninguna información.

En el aire

Según explica ha habido un retraso porque los juzgados no lo tramitan, “se la pasan unos a otros”y “no resuelven si la admiten o no la admiten o qué fianza nos van poner”. Esta situación de falta de actualización les llevó a solicitar una reunión con la fiscal hace un mes, como medida para desencallar la denuncia. 

“Nos dejaron en el aire”, denuncia Guacimara Fuentes, representante del Tagoror Permanente Rotativo. “Es indefensión jurídica por parte del juzgado de Arona a la denuncia que hemos puesto los colectivo”, explica Fuentes. Según aseguran, durante la reunión se habló de que colectivos habían quedado “desprotegidos” por el juzgado de Arona.

De hecho, la propia Farnés realizó llamadas durante la reunión al fiscal de Arona para tener constancia de la situación, explican. Fruto de esas llemadas consiguieron saber que se les había negado la paralización cautelar de las obras, como habían solicitado, pese a que la notificación se había hecho el mes pasado, pero nunca la recibieron. 

Desentrañar el silencio

Según han informado tras la reunión, la fiscal no puede intervenir en este proceso sino hacer un “seguimiento” de toda la situación. La reunión sí que ha servido para “desentrañar” el silencio que ha habido tras la denuncia por parte del juzgado de Arona. Los colectivos salen tranquilos de la reunión, ante la previsión de que avance la tramitación tras el interés de Farnés. 

Los ocho delitos que han denunciado los colectivos y el afectado por la expropiación son: prevaricación urbanística, fraude a la administración, tráfico de influencias, corrupción entre particulares (cohecho privado), administración desleal, falsedad documental y falsedad ideológica en documento público, omisión del deber de perseguir delitos y prevaricación por omisión, así como delitos contra el patrimonio natural y el medio ambiente.

A un paso de los denunciados

Fruto de la casualidad, mientras los representantes de los colectivos Rebelión Científica Canarias, Acampada Reivindicativa Lolo Dorta, Tagoror Permanente Rotativo, La Gaveta 20A y el afectado directo por las expropiaciones Juan Francisco Galindo tenían la reunión con la fiscal, a unos metros de su oficina en el Tribunal Superior de Justicia de Canarias tenía lugar una vista por otro proceso administrativo contra el proyecto, con la Asociación Tinerfeña de Amigos de la Naturaleza (ATAN) como demandante. Un ejemplo de los diferentes frentes abiertos que tiene el proyecto en los juzgados.