El primer protocolo propio contra el acoso laboral en centros públicos dependientes de la Consejería de Educación introduce mejoras con respecto a la anterior normativa, como la creación de comisiones de valoración permanentes, la ampliación de tipologías de acoso o la regulación de conflictos que, no siendo catalogados como tales, precisen de atención.
Este protocolo aprobado por la Consejería de Educación, Formación Profesional, Actividad Física y Deportes sustituye a la resolución de 8 de mayo de 2019, de la Dirección General de la Función Pública del Gobierno de Canarias, marco normativo de la administración general que se ha aplicado hasta la fecha.
Mejoras
La Consejería de Educación ha hecho público este miércoles un comunicado en el que destaca que, respaldado de forma unánime por las representaciones sindicales, el nuevo documento introduce mejoras significativas como las citadas.
La creación de este protocolo específico para el sector educativo responde a la necesidad de disponer de un marco adaptado a las particularidades de este entorno y sus profesionales, se señala en el comunicado.
Enfoque amplio
Y se agrega que, diseñada por la Dirección General de Personal y Formación del Profesorado, que coordina Mónica Ramírez, la nueva normativa incorpora un enfoque más amplio, moderno y adecuado a la legislación vigente.
La Consejería también destaca como novedades que con este protocolo se reducen los plazos en los procedimientos, se mejora la atención a las víctimas y se refuerzan las garantías de confidencialidad, garantizando un entorno laboral más seguro y respetuoso.
Comisiones de valoración
Las comisiones de valoración del acoso laboral (CVAL), una de las grandes novedades de este documento, contarán con carácter permanente en la nueva normativa, sustituyendo al modelo anterior de comisiones creadas de forma puntual para cada caso.
Con esta novedad, según la Consejería de Educación, se adquiere una respuesta más ágil y efectiva a las denuncias y una reducción en los tiempos de actuación, así como una mayor especialización en la evaluación de los expedientes.
Plazos
En cuanto a los plazos, la Consejería apunta que, aunque el general de resolución de los posibles casos de acoso se mantiene en dos meses, ampliables a tres en casos complejos, el nuevo protocolo define tiempos específicos para cada una de las fases del proceso, aportando mayor seguridad jurídica a todas las partes involucradas.
En esa línea, se ha establecido un sistema de recepción de denuncias a través de un buzón electrónico, que facilitará el acceso de las víctimas a los mecanismos de protección y garantizará la confidencialidad de las comunicaciones.
Eficiencia
Otra innovación es la concentración de funciones administrativas en la Secretaría de las comisiones de valoración, evitando así la dispersión de competencias que presentaba el protocolo anterior, con la que se pretende agilizar la tramitación de los expedientes y mejorar la eficiencia del proceso.
Además, se limita la posibilidad de subsanaciones de las denuncias en situaciones excepcionales, garantizando que las investigaciones no se vean retrasadas por cuestiones formales.
Plazo de prescripción
El nuevo protocolo también amplía el plazo de prescripción de los casos de acoso laboral, permitiendo la denuncia de hechos ocurridos hasta tres años antes de la denuncia, en lugar del límite anterior de un año.
Asimismo, se han actualizado y detallado las tipologías de acoso laboral tanto en los anexos como en el cuerpo del protocolo, incluyendo el acoso moral o psicológico, el acoso sexual, el acoso por razón de sexo, el acoso por orientación o identidad sexual y otras formas de acoso por condición personal o social.
Mecanismo específico
Y el nuevo documento introduce un mecanismo específico para gestionar los conflictos laborales que no constituyen acoso, pero que requieren intervención.
En estos casos, se podrá recurrir a medidas organizativas como la mediación o la reorganización de funciones, evitando la escalada de tensiones en los centros de trabajo.
Esta regulación, subraya la Consejería, supone un avance significativo respecto al protocolo anterior, que no contemplaba soluciones para este tipo de conflictos.