El Consejo Social de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC), junto al de la Universidad de La Laguna, ha fijado una posición clara ante el recurso de inconstitucionalidad presentado contra la Ley 3/2025 del Sistema Universitario de Canarias, recientemente aprobada por el Parlamento autonómico. En una declaración institucional conjunta, las presidencias de ambos Consejos Sociales defienden que la participación de la sociedad en el gobierno universitario es una exigencia democrática, plenamente compatible con la autonomía académica.
La Ley 3/2025 actualiza el marco universitario canario para adaptarlo a la normativa estatal y a las nuevas demandas sociales, económicas y científicas del Archipiélago. Entre sus objetivos principales se encuentra reforzar la conexión entre la universidad pública y la sociedad que la financia, clarificando las funciones de los distintos órganos de gobierno y fortaleciendo el papel de los Consejos Sociales como cauces de representación de los intereses ciudadanos, económicos y culturales en la vida universitaria.
Necesidades reales
El texto legal no invade las competencias académicas ni científicas de las universidades, que siguen residiendo en los claustros, consejos de gobierno y equipos rectorales, pero sí impulsa una gobernanza más abierta, transparente y corresponsable, en la que la universidad rinda cuentas de su gestión y oriente parte de su actividad a las necesidades reales del territorio, la empleabilidad, la transferencia del conocimiento y la innovación social.
El pronunciamiento de los Consejos Sociales se produce después de que el Defensor del Pueblo elevara un recurso al Tribunal Constitucional a instancias de los rectores de las universidades públicas canarias. Frente a ello, el Consejo Social de la ULPGC considera necesario “expresar con claridad su posición acerca del papel que la sociedad debe desempeñar en el sistema universitario”, recordando que la universidad pública es un bien sostenido mayoritariamente con recursos públicos y que, por tanto, no puede funcionar de espaldas a la ciudadanía.
Respeto mutuo
Desde el órgano social se subraya que las relaciones institucionales con los equipos rectorales y los Consejos de Gobierno siguen siendo fluidas y basadas en la colaboración, con respeto mutuo a las competencias de cada parte. No obstante, se advierte de que cuestionar una ley cuyo espíritu es reforzar la participación social proyecta una imagen de universidad cerrada, poco permeable y alejada de su función pública.
Uno de los ejes centrales del texto es la legitimidad democrática de la institución académica. El Consejo Social sostiene que la universidad pierde legitimidad cuando se desconecta de la sociedad que la sostiene, y que solo puede cumplir plenamente su misión cuando escucha e integra las demandas sociales, económicas y culturales de Canarias. En este contexto, se reivindica el papel de los Consejos Sociales como espacios institucionales de encuentro y corresponsabilidad, especialmente en ámbitos como la transferencia de conocimiento, la relación con el tejido productivo y la evaluación del impacto social de la universidad.
Seguridad jurídica
La declaración aclara además que el recurso presentado afecta a aspectos concretos de la aplicación de la ley, vinculados al alcance de determinadas competencias, y no cuestiona el modelo general de apertura a la sociedad que inspira la Ley 3/2025. A juicio del Consejo Social de la ULPGC, la intervención del Tribunal Constitucional permitirá aclarar estos puntos y reforzar la seguridad jurídica, sin menoscabar ni la autonomía universitaria ni el papel de la sociedad en su gobernanza.
El posicionamiento concluye con una afirmación clara: la participación social no debilita la universidad pública, sino que la fortalece. El Consejo Social de la ULPGC reafirma así su compromiso de actuar como vínculo estable entre la universidad y la ciudadanía, convencido de que solo una sociedad implicada defiende, valora y protege a su universidad pública.