La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha comparecido en la Comisión de Educación del Parlamento de Canarias con motivo de la tramitación de la Proposición de Ley de reconocimiento de la autoridad del profesorado (11L/PPL-0007), trasladando un "mensaje firme y sin ambigüedades". A su parecer, la norma tal y como está planteada, es "mayoritariamente declarativa y no garantiza una protección real y efectiva del profesorado canario".
Durante su intervención, CSIF fue contundente al afirmar que "el mero hecho de tener que aprobar una ley" para asegurar la autoridad docente “representa un verdadero fracaso del sistema educativo canario”, un fracaso en el que —según señaló la organización— están "retratadas todas las fuerzas políticas que han tenido responsabilidades de gobierno en algún momento".
Convivencia
CSIF dejó claro que "comparte el objetivo formal de reforzar la autoridad del profesorado y mejorar la convivencia en los centros". Sin embargo, denunció que el texto "reproduce lo ya establecido en la normativa estatal sobre autoridad pública y presunción de veracidad; reitera obligaciones ya existentes en materia de asistencia jurídica; no crea procedimientos nuevos; no establece plazos de actuación; no fija dotación presupuestaria y no incorpora mejoras reales en las condiciones laborales del profesorado".
Para la organización sindical, el riesgo es evidente. “Sin recursos, sin plazos y sin desarrollo reglamentario obligatorio, esta ley puede convertirse en una declaración política sin eficacia transformadora real en los centros.”
Decreto
CSIF defendió en sede parlamentaria que la autoridad "no se construye únicamente desde la protestas: el prestigio profesional, el respaldo institucional y las condiciones adecuadas para ejercer la función docente".
En este sentido, el sindicato recordó que "lleva años reclamando reducción de ratios, estabilidad de plantillas, refuerzo de recursos humanos, desarrollo efectivo de la carrera profesional o mejora de las condiciones laborales". Apuntan que la autoridad "no se impone por decreto, se construye con respaldo institucional, condiciones laborales dignas y reconocimiento profesional efectivo”, subrayó CSIF ante los grupos parlamentarios.
En su intervención, la organización sindical insistió en que "no cuestiona el objetivo de la ley, sino su falta de concreción". Para ellos "el profesorado no necesita una reiteración normativa de derechos ya reconocidos, necesita activación inmediata de defensa jurídica, protocolos obligatorios ante agresiones, cobertura económica real de daños, refuerzo de plantillas en centros conflictivos y desarrollo efectivo y presupuestado de la carrera profesional docente".
Rigor
Durante su comparecencia, CSIF también planteó la necesidad de "extremar el rigor técnico-jurídico del texto para evitar posibles problemas competenciales, recordando que una ley autonómica no puede alterar el concepto penal de autoridad ni invadir competencias exclusivas del Estado".
La organización defendió que el reconocimiento de autoridad "debe quedar claramente delimitado en el ámbito administrativo y disciplinario, garantizando la seguridad jurídica del profesorado sin comprometer la validez de la norma". CSIF concluyó su intervención con el mensaje de “si esta ley quiere ser útil, debe pasar de lo simbólico a lo operativo, de lo declarativo a lo garantista, de programática a presupuestada y de formal a herramienta de protección real.”
La organización sindical reiteró que seguirá "defendiendo un modelo de sindicalismo profesional e independiente que no se conforma con titulares legislativos, sino que exige normas eficaces, recursos suficientes y respeto real hacia el profesorado". Porque a su parecer "el profesorado canario necesita respaldo institucional efectivo, no reconocimiento meramente formal".