Australia se ha convertido en el primer país del mundo en prohibir el acceso a las redes sociales a los menores de 16 años, una medida que ha reabierto el debate internacional sobre el impacto de estas plataformas en la salud mental en la infancia y adolescencia.
La decisión del Gobierno australiano, que traslada la responsabilidad a las empresas tecnológicas y no a las familias, plantea una pregunta clave: ¿debería implantarse una medida similar en lugares como Canarias?
Enganchados al móvil
Según el Estudio sobre Usos TRICO y Tecnoadicciones en Canarias 2025, elaborado por el Centro Aluesa de Fundación Adsis, un 17,1% de los jóvenes canarios reconoce estar “enganchado” a la tecnología, es decir, uno de cada seis adolescentes y jóvenes siente que no puede desconectarse de internet. Los datos oficiales confirman, además, que el uso de internet es casi total entre los menores de 10 a 15 años.
Y este uso se da en las principales redes sociales. El 99% de los jóvenes utiliza habitualmente aplicaciones como WhatsApp, Tik Tok, YouTube o Instagram. Todo acompañado de conductas de riesgo, como compartir imágenes sin control, hablar con desconocidos o descuidar su privacidad (6,5%), y nerviosismo cuando no puede usar el móvil (6,6%).
Efectos en el desarrollo cerebral
Para la psicóloga clínica especializada en infancia y adolescencia, Montse Fonoll, el uso temprano e intensivo de redes sociales no es un fenómeno neutro. “Las investigaciones actuales apuntan a una mayor vulnerabilidad del cerebro en desarrollo frente a estos entornos”, explica.
La experta señala que la exposición constante a estímulos —notificaciones, vídeos cortos, desplazamiento infinito (conocido como ‘scrolling’) — puede afectar a la atención sostenida, la concentración y la memoria, funciones clave para el aprendizaje.
Problemas de salud mental
Esta recompensa inmediata, además de dañar el desarrollo cognitivo, influye también en la tolerancia a la frustración y activa áreas del cerebro implicadas en mecanismos asociados a las adicciones, como la ludopatía, advierte la psicóloga.
Y con ello, la repercusión en problemas de salud mental es cada vez mayor. “En la práctica clínica vemos cada vez más casos en los que aparecen problemas de ansiedad, depresión, conducta suicida o trastornos de la conducta alimentaria vinculados a experiencias en redes sociales”, apunta Fonoll, citando situaciones como ciberbullying, sextorsión, grooming o exposición temprana a la pornografía.
Impacto en la autoestima
Desde su perspectiva, retrasar el acceso a las redes sociales puede tener beneficios claros, ya que permite que niños, niñas y adolescentes desarrollen primero habilidades sociales, emocionales y comunicativas en contextos reales.
“La adolescencia es una etapa especialmente vulnerable para la construcción de la identidad, y la comparación constante que fomentan plataformas visuales como Instagram o TikTok puede tener un impacto significativo en la autoestima”, añade.
Diseñadas para atrapar
La consultora en transformación digital y docente, especializada en ética de la digitalización, de la IA y bienestar digital, Sabina Hernández, considera que la decisión de Australia es “una señal clara de que la autorregulación de las plataformas no ha funcionado”, es decir, las propias redes no han sabido proteger a los menores.
A su juicio, la prohibición señala que el problema no es solo el uso, sino el diseño de las redes pensado para captar y retener la atención durante el mayor tiempo posible, algo especialmente problemático en edades en las que todavía no se ha desarrollado del todo la capacidad de autocontrol.
Desventaja entre redes y menores
Hernández subraya que los menores son más vulnerables a los sistemas de validación social y recomendación algorítmica porque estos explotan necesidades básicas como la pertenencia a un grupo o el reconocimiento, en una etapa vital en la que la identidad y el control emocional aún están en construcción.
“Existe una clara asimetría (desventaja) entre plataformas diseñadas con datos, experimentación constante y optimización conductual, y usuarios jóvenes con menor capacidad de resistencia cognitiva”, explica.
Más allá de la prohibición
Ambas expertas coinciden en que la prohibición, por sí sola, no es una solución completa. Para Fonoll es vital también dar respuestas a cuestiones sobre los cambios sociales que han llevado al uso excesivo de estas tecnologías. “¿Qué está dejando de hacer el niño o adolescente durante el tiempo que está en las redes? ¿Qué vacío trata de llenar con ellas? ¿Cuál es su entorno familiar y social, y su vulnerabilidad individual?”, se pregunta.
La psicóloga clínica defiende que cualquier medida debe ir acompañada de educación, conciencia social y el papel de las familias, así como “responsabilidad de las empresas en regular el contenido de sus plataformas y convertirlas en sitios seguros”.
Proteger al menor
Desde el ámbito ético digital, Hernández apuesta por avanzar hacia una regulación del diseño de las plataformas, limitando patrones adictivos y estableciendo configuraciones protectoras por defecto.
“Más que copiar literalmente el modelo australiano, otros países deberían adoptar el marco ético que lo sustenta: priorizar el interés superior del menor y reducir los riesgos que hoy estamos normalizando”, señala Hernández.
En este sentido, la especialista indica que Europa ha optado por un enfoque intermedio, combinando límites de edad, consentimiento parental y exigencias sobre cómo funcionan los algoritmos, aunque el debate sigue abierto.
Educar en digital
Con los datos actuales sobre tecnoadicciones y conductas de riesgo, Canarias no es ajena a este problema. Las expertas coinciden en que la educación digital debe comenzar antes de que los menores entren en las redes sociales.
“La clave está en no exponer antes de educar”, resume Hernández, señalando que se debe educar para comprender el funcionamiento de los algoritmos, la gestión del tiempo de uso, el pensamiento crítico y la protección de la privacidad.
Propuesta del Gobierno de España
En la actualidad, en España, la edad mínima legal para usar las redes sociales es 14 años, con la opción de poder usarlas antes si se tiene consentimiento paterno. Sin embargo, el Gobierno nacional ha propuesto en una ley reciente elevar este límite a 16 años, al igual que en Australia.
Desde la Fiscalía de Menores recomiendan no usarlas hasta esa edad, estableciendo un debate y una tendencia de endurecimiento para la protección infantil.