El pasado día 2 de diciembre, la Asociación Empresarial Canaria de Consultores Medioambientales (ACC Medioambiente) remitió a la Comisión Europea una denuncia por los incumplimientos del Gobierno de Canarias y de la Consejería de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Protección Territorial, de la normativa medioambiental a la que está obligados, según la Directiva del Consejo de 21 de mayo de 1991, sobre el tratamiento de las aguas residuales urbanas (91/271/CEE).
Según un comunicado de la ACC Medioambiente, han denunciado los vertidos de tierra al mar de aguas residuales sin depurar en el litoral de las Islas Canarias, “ignorados por el Gobierno de Canarias y la Consejería de Transición Ecológica, que son los que tienen las competencias para impedirlos, obligar a su tratamiento y sancionarlos”.
Petición de amparo
En una entrevista concedida a Atlántico Hoy, el presidente de la ACC Medioambiente, Juan Rumeu, explica que “el Gobierno conoce la situación desde 2017, aunque los que gobiernan ahora están desde 2019, pero no han hecho absolutamente nada”.
En este sentido, Rumeu argumenta que “cuando no tienes respuesta a cosas que atentan, no ya contra el medio ambiente, sino contra la salud de los ciudadanos, y que son situaciones graves, ya no queda otro remedio que si el Gobierno no se ocupa, a alguien le tenemos que pedir amparo y lo que hemos hecho es pedir ese amparo a la Comunidad Europea para que ponga orden”.
Respuestas vacías
Así, según relata, el 5 de septiembre la ACC Medioambiente solicitó a la Consejería de Transición Ecológica que publicase en el Portal de Transparencia el plan que ha elaborado el Gobierno de Canarias para la erradicación de los vertidos de aguas residuales de tierra al mar sin depurar, así como que se publicase las competencias que tiene encomendadas el consejero Valbuena para haberse comprometido en el Parlamento de Canarias a iniciar los estudios para elaborar un censo de patologías asociadas a los vertidos sin tratar en nuestras playas.
El 23 de octubre, desde Transición Ecológica, según la ACC Medioambiente, les responden que actualmente no existe ningún plan al respecto y que Valbuena les comparte que desconoce cualquier cuestión relacionada con un censo de patologías asociadas a los vertidos sin tratar en las zonas de playa,
“Que el Gobierno de Canarias conozca desde 2017 los vertidos de aguas residuales sin depurar desde tierra al mar que incumplen la normativa vigente en materia medioambiental y de salud pública, y que no se haya elaborado un plan para erradicarlos es extremadamente grave”, señala la ACC Medioambiente.
Depuradoras
En declaraciones a Atlántico Hoy, Rumeu espeta a los representantes políticos que “se dejen ya de medidas verbales, de poner parches, de depuradoras que no conducen a nada, de momento, porque no tienen agua que tratar, como es el caso de Güímar, que han invertido 12 millones de euros y resulta que no puede funcionar porque no tienen alcantarillado las poblaciones que suministran las aguas residuales”.
Así, explica que la depuradora de Güímar “no puede recibir caudal suficiente para que comience a funcionar” y recuerda que “Candelaria, Güímar y Arafo no tienen redes de alcantarillado y saneamiento que aseguren el caudal necesario para su puesta en marcha”
Alcantarillado y saneamiento necesario
La asociación espeta que los ayuntamientos no tienen dinero para acometer las obras de alcantarillado y saneamiento necesarias. “Los cabildos y sus consejos insulares de aguas planifican obras puntuales de depuración, que no atienden al problema principal: garantizar primero el 100% del alcantarillado en las poblaciones para que la construcción de depuradoras comarcales tenga sentido”.
“Todo está como oculto, pero, ¿cuándo se va esto a arreglar? Llevamos años con esto, hablamos de depuradores que no tienen caudal, otras que no se terminan… Son 50 millones de litros de porquería que todos los días se van al mar”, critica Juan Rumeu.
Intervención europea
Por ello, insiste que cuando se ve todo esto “llegas el convencimiento de que alguien tiene que intervenir”, porque las instituciones canarias “no son capaces de resolver estos problemas. ¿Qué falta dinero? Sí, pero que lo busquen. Que viajen y convenzan a quien haga falta porque Canarias necesita solucionar este problema. Tenemos un crecimiento demográfico tremendo y esto repercute en los vertidos”.
En este contexto, recalca el presidente de la ACC Medioambienteque “el último recurso” que tienen y el “único” que les puede tranquilizar “es que Europa intervenga”, porque ya “se han pagado 32 millones de euros por vertidos por la sanción en Güímar impuesta por Europa”.
Contra los políticos
Además, manda un mensaje crítico a toda la clase política regional e insular en Tenerife. “Hay una complacencia por parte de todos los partidos políticos… Nadie hace propuestas, nadie se quiere mojar. ¿No es popular? No lo será, pero si no velas por la salud… El maltrato al medioambiente lo que perjudica primero es a la salud”, expone.
“¿Qué tienen en la cabeza nuestros políticos? Es un problema de gestión, agarrados al sillón. Alguien que esté por encima tiene que intervenir y que no esté contaminado políticamente, porque aquí están a no pisarse la manguera”, dispara Rumeu en la entrevista concedida a Atlántico Hoy.
Recientemente, el presidente del Cabildo de Tenerife afirmó que ya se habían ejecutado 153 millones en mejoras contra los vertidos. “Eso es mentira”, señala el representante de la ACC Medioambiente. ¿Dónde está la ejecución? Están con proyectos. Ejecutar es terminar. ¿Por qué usan esa terminología?”, agrega molesto.
Cronología de la inacción
El 1/06/2022 la ACC Medioambiente formuló a la Mesa del Parlamento de Canarias una petición para la creación de una Comisión que trate la situación en que se encuentra la isla de Tenerife en relación con los vertidos al mar de aguas residuales domésticas y urbanas altamente contaminantes sin depurar. “Hasta la fecha no se ha creado la Comisión de estudio solicitada”.
El 5/09/2022 solicitan información a través del Portal de Transparencia sobre documentación que acredite los expedientes sancionadores que Transición Ecológica ha tramitado entre 2019 y 2022 derivados de la comisión de infracciones graves y muy graves relacionadas con vertidos de aguas residuales sin depurar al medio marino. “En el escrito del 23 de octubre responden que esta Consejería carece de la información solicitada al no ostentar competencias en materia de infracciones y sanciones”.
Competencias de Valbuena
Según explica el comunicado de la ACC Medioambiente, la web del Gobierno de Canarias publica las competencias del Valbuena, que entre otras son las de:
- Aprobación de programas de obras de interés autonómico y la elevación al Gobierno de la Nación de propuestas de obras de interés general.
- Instauración de Planes Hidrológicos Especiales por razones de urgencia, previo informe del Consejo Insular de Aguas respectivo.
- Revocación de las autorizaciones de vertidos al dominio público hidráulico, a propuesta del correspondiente Consejo Insular de Aguas.
- Imposición de las sanciones derivadas de la comisión de infracciones graves y muy graves en materia de aguas.
Vertidos no censados
Por otro lado, la ACC Medioambiente recuerda que la entrada en vigor de la cesión de competencias de Costas al Gobierno Canario “es otro motivo de preocupación por la cantidad de puntos de vertidos de aguas residuales sin depurar que nos consta que van a aflorar y que actualmente no están censados, lo que aumentará los vertidos de tierra al mar sin recibir tratamiento alguno”.
Al respecto, según el último censo de vertidos desde tierra al mar en Canarias, del año 2021, se ha censado un total de 434 puntos, de los cuales 195 se localizan en Tenerife (45%) y 127 en Gran Canaria (29%).
Ubicación de los no censados
“Hay un montón que no están censados, como los de Costas, aunque ahora pasan a competencia del Gobierno. Un montón que pertenecen a casas particulares, urbanizaciones… Todo el espacio que era competencia de Costa habrá que censarla porque son muchísimas”, esgrime Juan Rumeu a este medio de comunicación.
Por último, la ACC Medioambiente insiste que lo que les ha movido a solicitar el amparo de la Comisión Europea es la inacción del Gobierno de Canarias y de la Consejería de Transición Ecológica “para resolver una situación que afecta a la salud de la población, al deterioro del medio marino que rodea al Archipiélago y que además nos está costando cantidades millonarias en multas por parte de la CEE”.