La asociación La Voz del Mendigo y la Asamblea Reivindicativa Canaria (ARCAN) han denunciado un presunto trato inadecuado por parte de Televisión Canaria a una mujer en situación de sinhogarismo y con discapacidad en el sur de Tenerife. Según el relato trasladado por el colectivo, los hechos se produjeron el pasado lunes 30 de marzo, cuando la afectada, identificada como Yaiza, recibió una llamada telefónica de una supuesta periodista de la cadena pública.

De acuerdo con la denuncia, durante la conversación se le formularon preguntas sobre consumo de drogas o alcohol, detalles sobre su discapacidad, su situación familiar o su procedencia insular. Las organizaciones consideran que este tipo de cuestiones “no resultan neutrales ni necesarias” para abordar informativamente su situación, y denuncian que suponen una intromisión en la intimidad de una persona especialmente vulnerable.

Falta de identificación

Según ha podido confirmar Atlántico Hoy, la llamada fue realizada por una redactora del programa ¡Hay que verlo!, producido por la compañía La Cometa, aunque en ningún momento se identificó ante la afectada como integrante de este espacio televisivo. Este extremo añade un elemento de controversia al caso, al no haberse producido una identificación completa del contexto periodístico de la llamada.

La mujer, que reside en una construcción precaria en la zona de Las Maretas, en el municipio de Granadilla de Abona, habría cuestionado durante la conversación la pertinencia de las preguntas. Según el testimonio recogido por las asociaciones, la llamada se interrumpió tras este reproche, sin que se llegara a realizar entrevista alguna.

Posible estigmatización

Los colectivos denunciantes sostienen que este tipo de prácticas contribuyen a la estigmatización de personas en situación de vulnerabilidad, especialmente cuando se abordan aspectos relacionados con la salud mental o el consumo de sustancias.

En su comunicado, alertan además de un posible conflicto con la normativa vigente en materia de protección de datos personales, como el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) y la Ley Orgánica de Protección de Datos y Garantía de los Derechos Digitales.

Exigencias al ente público

Asimismo, recuerdan que los medios públicos están sujetos a estándares reforzados de responsabilidad social, al estar financiados con fondos públicos, lo que, a su juicio, obliga a extremar el cuidado en el tratamiento informativo de colectivos vulnerables.

Entre las medidas solicitadas, las asociaciones reclaman una explicación pública por parte del ente, la revisión de sus protocolos internos y la depuración de responsabilidades en caso de confirmarse los hechos. También han anunciado que elevarán una queja formal ante el ente público y la Mesa del Parlamento de Canarias.

Hasta el momento, ni la cadena pública ni la productora han emitido una valoración oficial sobre lo ocurrido.