Los sindicatos Comisiones Obreras (CCOO) y Unión General de Trabajadores (UGT) han denunciado en un comunicado un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) de la entidad Provivienda a 19 trabajadores adscritos al programa Canarias Prohogar, que se encarga de dar acompañamiento y apoyo a personas desahuciadas.
Explican que los 19 empleados del programa, "financiado y ejecutado en el marco del Plan de Vivienda de Canarias 2020-2025", han sido introducidos por Provivienda en un ERE, "argumentando el cierre de proyectos por la reducción de fondos europeos". Sin embargo, aseguran los sindicatos, "estos fondos no se han utilizado nunca para financiar los proyectos de Provivienda en Canarias, al darse por subvención directa justificada y tramitada a través de los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias". Desde el comité de empresa de Provivienda, señalan a este medio que los despidos se irán haciendo de forma paulatina desde el 30 de septiembre hasta el 31 de diciembre de este año.
Los sindicatos señalan al ICAVI
Por lo tanto, los sindicatos denuncian que el despido ha sido forzado por el propio Instituto Canario de la Vivienda (ICAVI), con quien Provivienda tiene un convenio desde 2021 para la prestación de este servicio de asistencia y acompañamiento a personas desahuciadas.
CCOO y UGT señalan que el director del ICAVI, Antonio Ortega, no ha querido reunirse con los delegados sindicales de Provivienda y plantea, siempre según los sindicatos, que el ERE "es una cuestión interna de Provivienda", lo que plantea “la nula responsabilidad social que tiene la dirección del ICAVI para las 19 personas trabajadoras y para la sociedad canaria”.
Atlántico Hoy ha tratado de contactar con la dirección del ICAVI a través de la Consejería de Obras Publicas, Vivienda y Movilidad, a la que está adscrito, pero no ha recibido respuesta. Del mismo modo, este medio ha tratado de contactar con Provivienda infructuosamente para consultar sobre este ERE.
Desde 2021
El programa de acompañamiento se suscribió entre el ICAVI y Provivienda en septiembre de 2021 "con el objetivo de poder ofrecer una respuesta a la emergencia habitacional de familias en riesgo de desahucio y fomentar el acceso de la ciudadanía a una vivienda digna y adecuada", tal y como informó entonces la entidad.
Para su desarrollo, detallaban entonces, el Instituto Canario de la Vivienda aportaría 500.000 euros a Provivienda con carácter anual para que facilitase un alojamiento temporal, recursos, asesoramiento y seguimiento a las personas que se incluyan dentro del Programa.
Los sindicatos han denunciado que el despido de los trabajadores del programa supone su cierre de facto, todavía en "plena crisis habitacional" y supondrá el fin de un servicio “indispensable”. Canarias ha sido, de hecho, la comunidad autónoma donde más ha crecido el porcentaje de desahucios en el comienzo de 2024.