Un agente de la Guardia Civil de Tráfico entrega una notificación durante un control de velocidad / EFE
Un agente de la Guardia Civil de Tráfico entrega una notificación durante un control de velocidad / EFE

Confirmado: la DGT inicia campaña en Canarias con sanciones de hasta 600 euros

Se instalarán radares fijos y móviles y, en algunas ocasiones, se sumarán los helicópteros de la DGT y nuevas unidades de radar de tramo

Irene Cartaya

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A partir de este lunes, las carreteras canarias están siendo objeto de una vigilancia intensiva por parte de la Dirección General de Tráfico. Una medida que, lejos de ser anecdótica, forma parte de un plan nacional para reducir la siniestralidad vial, especialmente en los tramos con mayor número de infracciones y accidentes.

En las islas, donde las condiciones meteorológicas y las características del terreno a veces invitan a pisar de más el acelerador, el mensaje es claro: la velocidad tiene consecuencias.

Radares

Hasta el próximo domingo 13 de abril, tanto en autopistas como en carreteras secundarias, los radares fijos y móviles estarán activos y operativos para controlar los excesos de velocidad. En esta ocasión, además, se suman los helicópteros de la DGT y nuevas unidades de radar de tramo, capaces de medir la velocidad media en varios kilómetros.

Canarias, al igual que el resto del Estado, ha recibido parte de los 41 nuevos radares que comenzaron a funcionar este año —28 fijos y 15 de tramo—, dentro de un plan que prevé 122 nuevos puntos de control antes de que acabe 2025. Una inversión que responde al preocupante repunte de los accidentes graves y mortales en los últimos meses.

Multas de hasta 600 euros

La DGT ha insistido en que esta campaña no busca únicamente sancionar, sino también concienciar. Aun así, las sanciones pueden alcanzar los 600 euros, además de la pérdida de puntos en el carné de conducir, en función del exceso cometido. Un margen mínimo puede traducirse en una infracción leve, pero rebasar ampliamente el límite puede implicar sanciones muy severas.

Más allá del coste económico, las autoridades recalcan que el objetivo es evitar tragedias. La velocidad excesiva no solo aumenta la probabilidad de un siniestro, sino que reduce drásticamente la capacidad de reacción y amplifica las consecuencias de cualquier impacto.