El domingo será la segunda vez que Elena vaya a votar. Lo pudo hacer en los últimos comicios de 2019 porque hasta el año anterior ella y 100.000 personas más no podían hacerlo por quedar excluidas del derecho al voto por tener una discapacidad intelectual, enfermedad mental o deterioro cognitivo.
La reforma de la Ley Orgánica de Régimen Electoral General (LOREG) supuso que los jueces y tribunales ya no tuvieran la capacidad de decidir si una persona reúne las aptitudes para poder ejercer su derecho al voto. Antes de la modificación su artículo tercero establecía que carecían de voto “los declarados incapaces en virtud de sentencia judicial firme” así como “los internados en un hospital psiquiátrico con autorización judicial durante el período que dure su internamiento”. Sin embargo, esto cambió a “toda persona podrá ejercer su derecho de sufragio activo, consciente, libre y voluntariamente, cualquiera que sea su forma de comunicarlo y con los medios de apoyo que requiera”.
Al preguntarle por la gente que decide no ir a votar, Elena se enfada un poco. “Les diría que vayan a votar porque es por su bien. Si quieres alguna ayuda y no vas a votar pues, mi niña, no te quejes”.
El voto, por fin
Elena vive en un piso tutelado en Las Palmas de Gran Canaria junto a su hermana. Asegura que el primer día que pudo ir a votar se sentía nerviosa, no sabía bien cómo hacerlo o para qué servía. Cuatro años después, a punto de enfrentarse a sus segundas elecciones, “ya tengo decidido a quién voy a votar”, afirma.
Ahora forma parte de la Asociación APROSU, una entidad privada sin ánimo de lucro que contribuye a la mejora de la calidad de vida de las personas con discapacidad intelectual y sus familias. “Como no sé leer ni escribir, le pido ayuda a las chicas y ellas nos van leyendo los papeles”. Se refiere a los programas electorales, las trabajadoras de APROSU presentan todas las posibilidades a voto y les explican por qué cada partido es diferente, “y luego nosotras metemos el voto en el sobre”, explica Elena.
Ella y su hermana irán solas el domingo al colegio electoral para ejercer su derecho. “Hemos estado una semana pensando a quién queremos votar”, ella ha elegido a un partido político y su hermana a otro. “No puedo obligarla a votar al mismo partido y ella tampoco a mí”, concluye.
Mesas electorales accesibles
El Ministerio del Interior ha fijado, por primera vez, un protocolo de actuación para los integrantes de las mesas electorales con el objetivo de garantizar a las personas con discapacidad el ejercicio de su derecho al voto en los comicios municipales y autonómicos de este domingo 28 de mayo. El manual fija cómo debe encauzarse el contacto con estos votantes en función de las características de discapacidad, ya sea sensorial, de movilidad o con dificultades de comprensión debido a una discapacidad intelectual o trastorno del espectro del autismo.
En la página oficial de las elecciones se pueden encontrar una serie de explicaciones de cómo el participante de la mesa electoral puede actuar ante una persona con discapacidad intelectual. Expresarse en un tono tranquilo, con un lenguaje sencillo y claro, no cuestionar su derecho al voto solo por tener una discapacidad o no ofrecer ayuda de manera anticipada y esperar a que el votante la demande, entre otras.