Los empresarios Antonio M, Lenita B, Nicole M y Airam PM, de las marcas Lenita y XTG vuelven al banquillo el próximo miércoles 17 de mayo. Los creadores de las famosas marcas de baño serán juzgados por la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Las Palmas acusados de presuntos delitos contra la Seguridad Social y Alzamiento de Bienes. La Fiscalía solicita una condena de seis años de prisión y una multa de 2,3 millones de euros para el matrimonio y su hija.
La Audiencia de Las Palmas decidió aplazar el juicio en mayo de 2022 después de que su defensa alegase indefensión al entender que se habían practicado diligencias de instrucción fuera de los plazos máximos establecidos. Su defensa aseguró durante las cuestiones previas que se había vulnerado la Ley de Enjuiciamiento Criminal porque las diligencias de instrucción se alargaron más de seis meses, pese a no haberse declarado la causa como compleja, requisito para extender su duración más allá de ese plazo.
Impagos
Según el escrito del fiscal, Antonio M y Lenita B generaron una importante deuda con la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS) por el impago de cotizaciones y otros conceptos de recaudación conjunta de los trabajadores de la entidad Burmen SL, de la que los dos eran socios y administradores solidarios de esta sociedad.
La Fiscalía, detalla en el mencionado escrito, que crearon otras dos empresas que fueron Beach Concept SL y Nillbeach Concept SL, cuya administradora única era la hija de ambos, Nicole M, a las que traspasaron la actividad de Burmen. De esta manera, las cuotas resultantes de la cotización de sus trabajadores serían cuantitativamente inferiores a las generadas por la primera entidad.
“Entidades diferentes con la que seguían prestando el mismo servicio, con los mismos medios materiales, a los mismos clientes y con los mismos trabajadores, y ello con la finalidad de desviar la facturación de esos servicios a una entidad diferente de la deudora para mantener así a salvo los ingresos de su explotación que en modo alguno se pensaban destinar al pago de la deuda contraída con la Seguridad Social”, reza el escrito.
Muchas deudas
"Con la finalidad de desviar la facturación de esos servicios a una entidad diferente a la deudora para mantener a salvo los ingresos de su explotación que en modo alguno se pensaban destinar al pago de la deuda contraída con la Seguridad Social", detalla el fiscal.
El primer embargo a la cuenta de Burmen SL se produjo en julio de 2013 por un importe de 80.971 euros de los que pudieron cobrarse 1.115 euros. La deuda a la Seguridad Social ascendió a 458.895 euros en el periodo de 2011 a 2016. Entre julio de 2013 y diciembre de 2014 también se ejecutaron más de 40 diligencias de embargo por una suma de 388.475 euros de los que pudieron embargar 226 euros.
La Fiscalía también resalta que en julio de 2013 causaron baja en la Seguridad Social 15 empleados de Burmen SL que fueron dados de alta en Beach Concept SL Además, en 2014 y 2015 Burmen SL no generó venta alguna pero si compras a las entidades que se convirtieron en sus proveedores principales: Beach Concept SL y Nillbeach Concept SL Es decir, con la constitución de Beach Concept SL, la empresa principal pasa de vender poco más de la mitad de lo que vendía pero compra el doble de mercancía. En junio de 2013 padre e hija celebraron un contrato en el que este le vendía las marcas Lenita o XTG por un importe de 3.000 euros, así como la cartera de clientes de Burmen SL a Beach Concept SL por 1,5 millones de euros.
Seis años de prisión
Ante tales hechos, la Seguridad Social decidió levantar actas de derivación de responsabilidad solidaria entre la empresa sucesora, Burmen SL y la adquirente, Beach Concept SL por la deuda generada con la TGSS por la primera entidad. Así, Beach Concept SL generó una deuda total de 941.252 euros en los que también se incluyen impagos de cotizaciones a sus trabajadores. Nillbeach Concept S.L., por su parte, tuvo 34 trabajadores de los que 15 eran de Burmen SL y generó una deuda con la Seguridad Social de 21.579 euros. En octubre de 2017 el Juzgado de lo Mercantil número 1 de Las Palmas de Gran Canaria declaró en concurso voluntario a las dos entidades de Nicole M.
La Fiscalía pide seis años de cárcel para los tres acusados por un delito continuado contra la Seguridad Social en concurso ideal con uno de alzamiento de bienes, así como una multa de 2,3 millones de euros. La acusación pública solicita una indemnización para la Administración de 580.994 euros por las deudas generadas por las tres empresas. Además, el fiscal interesa que se acuerde el sobreseimiento provisional de la causa respecto a Airam PM al no existir indicios suficientes de su participación en los hechos descritos en la conclusión primera de este escrito.