Las empresas de transporte escolar en Canarias volverán a parar su actividad. Después de haber convocado una movilización el pasado 9 de enero que afectó a 30.000 alumnos, la patronal ha planteado nuevas movilizaciones a partir del próximo 10 de abril por el retraso generalizado que denuncian en la tramitación de los pagos comprometidos con el Gobierno de Canarias. José Ángel Hernández, secretario general de la Federación de Empresarios del Transporte (FET), asegura que "los detalles sobre la duración del paro se acordarán en una próxima reunión".
La FET se ha dirigido por escrito al presidente del Ejecutivo regional, Ángel Víctor Torres, para solicitar que se celebre un encuentro de forma urgente para abordar la situación. Después de la movilización a principios de año, tuvieron varias reuniones con la Administración en los que esta se comprometió a cumplir sus obligaciones de actualización de expedientes y pago en unos plazos que, según los transportistas, no se están cumpliendo.
Hernández ha dicho que "hay casos sangrantes como el de la isla de La Palma, que solo ha cobrado el mes de septiembre y acumula más de un millón de euros de deuda en este curso escolar". "Todo ello ha llevado a las empresas a acordar el ejercicio de medidas de presión a la vuelta de las vacaciones de Semana Santa", ha apostillado.
14 millones de euros
La patronal ha emitido un comunicado donde expone que la Consejería de Educación adeuda a los transportistas los pagos mensuales de las rutas desde octubre de 2022 en unos casos y diciembre de 2022 en otros contratos. "En cuanto a la deuda de 14 millones de euros que mantiene la Consejería de Educación en concepto de IPC, de los que debía abonar 9 millones a principio de 2023, tampoco se ha abonado nada", añade.
En una entrevista a Atlántico Hoy en enero, Hernández explicó que los contratos de transporte escolar tienen unas cláusulas que permiten que los precios de las rutas se vayan actualizando cada año en base al IPC. “Lo que ha sucedido es que la Consejería de Educación, durante una serie de años, no fue aplicando esos incrementos del IPC”, afirmó. Y resaltó que eso tiene dos consecuencias: “Que los precios que se están cobrando a día de hoy por las rutas no son los verdaderos de 2023 y que existe una deuda acumulada de cursos anteriores cuyos diferenciales están pendientes de ser liquidados”.