La Fiscalía solicita 12 años de prisión para el empresario canario Mukesh Daswani y nueve años y medio para el segundo acusado por su presunta implicación en el llamado ‘caso Tradex’, una supuesta estafa que afectó a más de 120 clientes y que será juzgada la próxima semana en la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife. 

En caso de ser condenados, los procesados deberán devolver cerca de 2,5 millones de euros a los perjudicados, según recoge el escrito de acusación del Ministerio Fiscal del que EFE se hizo eco este miércoles. 

El modus operandi

Los acusados se presentaban como gestores y asesores financieros independientes, a través de una sociedad con sede en Santa Cruz de Tenerife. Bajo esa apariencia profesional, habrían captado dinero ofreciendo rentabilidades de hasta el 50% del capital invertido en apenas dos meses, además de otros productos financieros que garantizaban la devolución total del dinero.

Una vez ganada la confianza de los clientes, estos formalizaban contratos de préstamo o realizaban transferencias bancarias, confiando en la legalidad del negocio. Uno de los procesados remitía supuestos reportes de beneficios que, en apariencia, confirmaban las ganancias prometidas.

El negocio funcionaba al principio

Durante los primeros meses, el principal acusado cumplía con las altas rentabilidades anunciadas, lo que generó confianza entre los inversores iniciales, que optaban por reinvertir las ganancias, atrayendo a nuevos clientes.

El segundo encausado, al tanto del funcionamiento del sistema, comenzó a colaborar en la captación de inversores, alquilando oficinas y promocionando el negocio en redes sociales. Ambos crearon una sociedad mercantil para aparentar solvencia y reforzar la credibilidad de la operación.

Un sistema insostenible

Con el aumento de clientes y capital, los acusados habrían incorporado las inversiones a su propio patrimonio, salvo cuando algún cliente solicitaba la devolución del dinero o los intereses.

Según la Fiscalía, el sistema se volvió insostenible, ya que dependía de la entrada constante de nuevos inversores para pagar a los anteriores, un esquema que terminó colapsando. Los impagos se multiplicaron y el supuesto entramado financiero quedó al descubierto.

Cuentas en el extranjero y criptomonedas

Ante el inminente colapso, los acusados realizaron maniobras para ocultar sus bienes, vendiéndolos a terceros y abriendo cuentas en Emiratos Árabes, Lituania y Reino Unido. Parte de los fondos fueron convertidos en criptomonedas a través de una plataforma registrada en las Islas Seychelles, según la investigación.

La Fiscalía sostiene que uno de los procesados intentó sustraerse de la acción de la justicia trasladándose a Emiratos Árabes tras el estallido del caso.

También está acusada la pareja del principal implicado

En el proceso figura también como acusada la pareja sentimental del principal procesado, quien habría disfrutado de un alto nivel de vida —viajes, regalos y estancias en hoteles de lujo—, aunque sin constar que conociera el origen ilícito del dinero.

La Fiscalía solicita que devuelva 327.500 euros, junto con los otros dos acusados, cantidad que habría recibido durante el periodo investigado.