El Gobierno de España ha propuesto a la Comisión Europea que le autorice a limitar en Canarias la compra de viviendas que no se destinen a uso residencial, con el objetivo de reducir la presión sobre el mercado inmobiliario y facilitar el acceso a una casa a jóvenes y colectivos vulnerables.
La iniciativa forma parte del paquete de medidas que el Ministerio de Asuntos Exteriores ha planteado a Bruselas para su inclusión en la futura simplificación de la normativa de las regiones ultraperiféricas (RUP) de la Unión Europea. Estas regiones —nueve territorios de Francia, Portugal y España— cuentan con un tratamiento singular reconocido en los tratados comunitarios.
La propuesta fue confirmada por el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, quien detalló que la medida busca actuar sobre uno de los principales factores que tensionan el mercado de la vivienda en el Archipiélago.
Dos vías sobre la mesa
De forma paralela, el Gobierno de Canarias también se ha dirigido a la Comisión Europea para solicitar una excepción específica para las RUP en materia de vivienda. En este caso, el planteamiento del Ejecutivo autonómico va en otra dirección: prohibir o limitar la compra de viviendas a extranjeros no residentes en las islas, con el fin de contener el alza de precios.
Ambas propuestas coinciden en el diagnóstico —la dificultad de acceso a la vivienda en Canarias—, aunque difieren en el enfoque de las restricciones que se plantean a Bruselas para tratar de frenar la escalada del mercado inmobiliario en el Archipiélago.