La Asociación de Empresarios Constructores y Promotores de la Provincia de Las Palmas (AECP) ha lanzado un duro ataque contra la gestión pública de la vivienda en el Archipiélago. A través de un comunicado oficial, el sector ha exigido el fin de lo que califican como una etapa de "ineptitud" y "promesas incumplidas" por parte de las administraciones, reclamando que se detengan los anuncios publicitarios y las fotos oficiales para centrarse en la construcción real de inmuebles.
El sector subraya que la inestabilidad política a nivel estatal no puede servir de pretexto para frenar la agenda de vivienda en Canarias. Para los constructores, es urgente que se culmine el trámite parlamentario de la Ley de Vivienda en las Islas y que se realice una apuesta presupuestaria inmediata. Advierten que, de no actuar, la frustración de la demanda y las graves consecuencias sociales y económicas no se harán esperar.
La patronal propone un modelo claro: movilizar 450 millones de euros de presupuesto público anual para activar una inversión privada superior a los 1.700 millones de euros. Con esta inyección financiera, el sector asegura que se podrían alcanzar las 12.000 viviendas anuales necesarias para paliar el déficit habitacional que arrastra la comunidad autónoma.
Un fracaso de 14 años
El análisis de la AECP es demoledor respecto a las últimas décadas de política pública. Sostienen que, tras el fracaso de los últimos 14 años, es necesario volver a fórmulas de éxito como las de los planes de vivienda entre 1981 y 2012. Denuncian que los planes recientes se han convertido en meros "manuales de filosofía" que no abordan los problemas estructurales del mercado, como la falta de financiación cualificada o la carestía del suelo.
Los datos respaldan este malestar empresarial. Entre 2014 y 2024, en Canarias solo se finalizaron 660 viviendas protegidas, una cifra ínfima frente a la demanda real de la población. Esta parálisis en la oferta pública de precios asequibles está afectando ya a la prestación de servicios básicos, dificultando que policías, sanitarios o profesores puedan acceder a un hogar digno.
Excesiva presión fiscal
Además de la falta de gestión, la patronal pone el foco en el coste de producción. Señalan que la construcción de una vivienda debe superar hasta 14 pasos fiscales antes de su entrega. Esta carga impositiva supone, según sus cálculos, el 25% del precio final de cada vivienda, un obstáculo añadido que encarece el acceso al mercado para las familias canarias.
Ante este escenario, la AECP exige medidas financieras extraordinarias, como la bonificación del 50% de los intereses en préstamos y ayudas directas a la entrada para los compradores. Con una proyección de 150.000 nuevos hogares para el año 2039, el sector advierte que Canarias no puede permitirse más retrasos ni más excusas presupuestarias.