El despliegue de los planes de igualdad en las empresas canarias avanza, pero lo hace a un ritmo lento y desigual. Aunque la normativa obliga desde 2022 a todas las compañías de más de 50 trabajadores a negociar y aplicar estas medidas para garantizar la igualdad real entre mujeres y hombres, en Canarias el proceso continúa marcado por negociaciones que se alargan más de un año, resistencias internas y diferencias notables entre sectores.
Así lo explica Ana Artiles, responsable de la Secretaría de Igualdad de CCOO en el Archipiélago, que reconoce que, pese a los avances, “no todas las empresas cumplen con la obligación, ni todas muestran la misma voluntad”.
Planes en un año
Según Artiles, entre octubre de 2024 y septiembre de 2025 el sindicato ha participado en 300 consultas y negociaciones con empresas interesadas en iniciar o actualizar sus planes. Sin embargo, tan solo 38 planes de igualdad se han firmado en lo que va de 2025, mientras que otros 58 están abiertos y en plena negociación.
A este volumen se suma un grupo de alrededor de 70 “empresas blancas”, compañías sin representación sindical en las que CCOO y UGT deben asumir la negociación en nombre de las plantillas. “La media para negociar un plan de igualdad ronda un año. No es un trámite; es una negociación compleja que empieza con un diagnóstico exhaustivo de la situación real de mujeres y hombres en la empresa”, recalca.
Más o menos implicación
Ese diagnóstico inicial —una radiografía de salarios, promociones, incorporaciones, salidas, formación y condiciones laborales— es el punto de partida para fijar medidas temporales o permanentes destinadas a romper barreras como la segregación laboral, la brecha salarial o las dificultades de conciliación. “Hablamos de retribuciones, de acceso, de derechos de conciliación, del protocolo frente a la violencia sexual… El objetivo es claro: mejorar la vida y las oportunidades de las mujeres dentro de la empresa”, subraya Artiles.
No obstante, la responsable sindical advierte que el compromiso no siempre se traduce en avances reales. “Hay empresas que firman el compromiso, pero luego bloquean la negociación. Otras consideran discriminatorias las medidas que corrigen desigualdades estructurales. Y también están las que, directamente, quieren registrar el plan aun cuando no cumple los requisitos y saben que el informe es desfavorable”. Frente a estos obstáculos, también existen casos positivos: “Algunas empresas logran cerrar planes sólidos en menos de un año y transforman de verdad su realidad interna”.
Un problema nacional
La realidad canaria se enmarca en un contexto nacional todavía insuficiente. En España, unas 32.000 empresas están obligadas a contar con un plan de igualdad, pero unas 12.000 aún no cumplen - es decir, cuatro de cada diez empresas -, ya sea porque no han negociado uno o porque el que tenían ha caducado y no se ha renovado, según datos de CCOO a nivel estatal. Pese a ello, los avances son significativos: en febrero de 2023 existían unos 6.000 planes en vigor; en marzo de 2025 ya eran 18.000 y a día de hoy rondan los 20.000 planes registrados.
Desde CCOO, defienden que estos planes no solo mejoran las condiciones laborales, sino que también son herramientas clave para prevenir la violencia machista en el entorno de trabajo. El sindicato recuerda que el incumplimiento de esta obligación puede derivar en sanciones e incluso impedir a una empresa contratar con la administración pública.
Según la normativa
Los planes de igualdad empezaron a implantarse en España con la Ley de Igualdad de 2007, que obligaba únicamente a las empresas más grandes o a aquellas sancionadas por discriminación. Durante años avanzaron lentamente, pero la situación cambió en 2020, cuando el Gobierno aprobó nuevas normas que detallaban mejor en qué debían consistir estos planes, cómo se tenían que negociar con la plantilla y la obligación de registrarlos oficialmente para poder ser validados.
La implantación fue gradual: primero se exigió a empresas con más de 150 trabajadores, luego a las de más de 100 y, desde marzo de 2022, también a todas las que tienen 50 o más empleados. Es decir, hoy miles de empresas españolas están obligadas a contar con un plan de igualdad vigente y actualizado cada cuatro años. No tenerlo puede suponer sanciones y la imposibilidad de optar a contratos públicos, por lo que se han convertido en una pieza clave para mejorar la igualdad entre mujeres y hombres en el entorno laboral.
Un reto aún abierto
Mientras tanto, en el Archipiélago, las mesas de negociación siguen llenas. Con decenas de planes en proceso, otros tantos por renovar y un número creciente de consultas, el camino hacia el cumplimiento pleno continúa siendo irregular. “Depende mucho de quién se siente en la mesa y de la visión que tenga sobre igualdad”, reconoce Artiles.
Lo que sí parece claro es que, con resistencias o sin ellas, todas las empresas están obligadas a negociar estos planes. Y que, tarde o temprano, el mapa empresarial canario deberá ponerse al día para garantizar algo tan básico —pero todavía no plenamente logrado— como la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres en los centros de trabajo.