Canarias cuenta con 80 playas que albergan viviendas construidas sobre terrenos que pertenecen al dominio público marítimo-terrestre, según la Ley de Costas. Aunque muchas de estas casas existen desde hace décadas, la normativa vigente prohíbe la propiedad privada de estos espacios. Para evitar un desalojo inmediato, el Estado otorgó concesiones temporales a sus propietarios.
Según los datos consultados por Atlántico Hoy en el Ministerio para la Trasición Ecológica y Retos Demográficos, Tenerife es la isla donde más viviendas hay en suelo que es propiedad de Estado, con un total de 25. Le sigue Gran Canaria con 15, La Palma 13, Fuerteventura 12 y Lanzarote 11. Por otra parte, en La Gomera solo hay dos playas con viviendas en dominio público marítimo-terrestre: playa de Santiago y playa de La Guancha. En El Hierro, únicamente en el Pozo de las Calcosas hay algunas viviendas en primera línea de costa afectadas. Sin embargo, establecimientos turísticos emblemáticos como El Parador y el Hotel Puntagrande también se encuentran dentro del límite establecido por la normativa. En La Graciosa, solo algunas viviendas ubicadas en primera línea de la Avenida Virgen del Mar están sujetas a estas regulaciones.
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Las viviendas situadas en dominio público marítimo-terrestre están sujetas a estrictas regulaciones bajo la Ley de Costas en España, cuyo objetivo principal es la protección del litoral y garantizar su uso público. La normativa establece que aquellas edificaciones construidas antes de la entrada en vigor de la ley en 1988 pueden mantenerse bajo un régimen especial, pero con limitaciones. En muchos casos, los propietarios deben solicitar concesiones administrativas para seguir ocupando estas viviendas durante un período determinado.
Las construcciones realizadas sin autorización, después de la aprobación de la norma, son consideradas ilegales y pueden enfrentarse a sanciones, incluyendo la demolición. Además, la legislación impone restricciones en las zonas de servidumbre de protección, estableciendo límites al desarrollo urbanístico en la franja de costa cercana al mar.
Concesiones de hasta 75 años
Cuando se aprobó la ley, todas las edificaciones situadas en dominio público pasaron a ser propiedad del Estado. Para evitar desalojos inmediatos, se otorgaron concesiones de 30 años, que permitieron a los propietarios seguir ocupando sus viviendas de forma legal. Estas concesiones expiraron en 2018, aunque una reforma de la ley en 2013 permitió prórrogas de hasta 75 años en algunos casos.
La desaparición de las viviendas, que se encuentran desde hace décadas en las costas de Canarias, obligaría a desplazar a sus vecinos que han vivido en estas zonas toda la vida. Además, estas construcciones ya son parte del paisaje, lo que supondría borrar un elemento distintivo que es parte de la imagen y la identidad de las playas.
Competencias del Gobierno de Canarias
El problema de la demolición de las edificaciones en la costa de Canarias se debe a la estricta aplicación de la Ley de Costas, que sigue siendo una competencia estatal en su marco legislativo. Aunque el Gobierno de Canarias ahora gestiona la autorización y concesiones en la zona costera, no puede modificar la ley para evitar la demolición de viviendas.
Si una edificación está en dominio público y su concesión expira o no se cumple con los requisitos, el Gobierno de Canarias está obligado a ejecutar su demolición, aunque quiera evitarlo. Solo puede intentar negociar con el Estado para conceder más prórrogas.
Este debate sigue generando controversia, especialmente en zonas donde las viviendas han estado habitadas durante generaciones. La aplicación de la normativa plantea un dilema entre la conservación del medio ambiente y los derechos adquiridos de los propietarios, lo que mantiene abierta la discusión sobre el futuro de estas construcciones en la costa canaria.