Las familias de alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo (NEAE) en Canarias han convocado concentraciones el próximo 20 de febrero en Lanzarote, Fuerteventura, Gran Canaria y Tenerife, con el objetivo de exigir a la Consejería de Educación mejoras urgentes en la inclusión y calidad educativa de sus hijos e hijas.
El grupo de padres y madres denuncian “el desamparo” que han sufrido por parte de las autoridades educativas y exigen una educación de calidad, inclusiva y equitativa. Pues así es lo establece la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad; sin embargo, aseguran que la realidad educativa en Canarias dista de garantizar estos derechos.
“Se ha producido en los últimos 20 años un cambio en la gestión, obtención y actuación en los derechos de las personas con discapacidad que no se ven plasmados en la realidad ni en las normativas, creando un profundo malestar en las familias”, exponen.
Principales reclamaciones
Además de las concentraciones, han redactado a su vez una reclamación que presentarán a las autoridades del área de Educación en la que detallan cada uno de los puntos en los que exigen “la adopción de protocolos y acciones concretas, en conformidad con la normativa vigente aplicable”.
Entre sus principales demandas, por un lado, destacan las evaluaciones y transparencia en los procesos educativos. Las familias solicitan valoraciones psicopedagógicas adecuadas - personalizadas y transparentes, realizadas por personal cualificado -; la transparencia en dictámenes y derivaciones del alumnado, es decir, protocolos claros que garanticen la información y la participación de las familias, así como la transición de aulas enclave a ordinarias, pidiendo evaluaciones periódicas y participación de las familias.
Presencia de auxiliares
Asimismo, otro gran pilar de las demandas por los derechos del alumnado NEAE son los recursos y apoyos dentro de los centros educativos, donde se recogen las terapias dentro del centro escolar - piden la integración de fisioterapeutas y terapeutas ocupacionales en las aulas -, además de la presencia de personal sanitario, como enfermeros para atender a alumnos con necesidades médicas.
A su vez, reclaman la dotación de auxiliares educativos cualificados desde el inicio del curso y comunicación directa con las familias, y también la extensión de la presencia de este personal auxiliar a horarios no lectivos, como en el comedor, actividades extraescolares y acogida temprana, para contribuir así a la conciliación familiar y la atención de los pequeños.
Educación inclusiva
La formación y la sensibilización del personal educativo es otra de sus grandes demandas. Reivindican que haya una capacitación obligatoria para el personal docente en el abordaje de la diversidad funcional, y que no haya presión para medicar al alumnado, dejando que esas decisiones sean tomadas solo en el ámbito sanitario.
Las movilizaciones ponen el foco en el derecho a la educación inclusiva y personalizada, resaltando el derecho a elegir el modelo y centro de escolarización, como la posibilidad de optar por el centro más cercano al domicilio. Además, piden que se eviten las aulas enclave para niños y niñas de tres años, así como la continuidad de educación secundaria para alumnado con discapacidad, ya que consideran que hay un déficit de este tipo de aulas en los institutos.
Y no solo de cara a los más pequeños, las familias también miran al futuro del alumnado exigiendo más itinerarios en formación profesional adaptada, así como talleres ocupacionales que faciliten la transición al mundo laboral.
Movilizaciones
La movilización del 20 de febrero busca visibilizar estas problemáticas y presionar a las autoridades para que actúen con prontitud en favor de una educación justa y equitativa.
Las concentraciones serán de 10 a 12 horas frente a las sedes de la Consejería de Educación en Las Palmas de Gran Canaria y Santa Cruz de Tenerife, frente a la dirección insular en Lanzarote y frente al Cabildo de Fuerteventura.