La Plataforma Canaria de Educación Inclusiva, junto a las asociaciones Madres Sin Miedo, Somos Uno Más, Con Tu Ayuda Todos Sumaremos y Amararte, ha denunciado el “maltrato institucional” que, según advierten, sufre el alumnado con discapacidad en Canarias, tanto en aulas ordinarias como en aulas enclave. La denuncia, recogida en un comunicado, alerta del uso de “castigos, sanciones y expulsiones” ante conductas “propias de los diagnósticos y dificultades del alumnado”, en lugar de aplicar apoyos y ajustes razonables.
Según las familias, estas prácticas derivan en una “criminalización” del alumnado, aplicando “reglamentos internos de centro como si fueran leyes” y situándolos por encima de la normativa estatal e internacional. Además, sostienen que estas medidas se utilizan como una “estrategia de presión” para forzar cambios en los “dictámenes de escolaridad”, empujando a los menores hacia “modelos cada vez más segregadores”.
Presión a las familias
El comunicado denuncia también la “presión constante” que sufren las familias, con “llamadas reiteradas para retirar a sus hijos del centro”, “amenazas de sanción”, retirada de servicios básicos y una “culpabilización sistemática” que, según señalan, las lleva “al límite emocional y laboral”. Todo ello se justificaría por la propia condición de discapacidad del alumnado, vulnerando su derecho a una “educación inclusiva, segura y ajustada a sus necesidades reales”.
La Plataforma subraya que los casos expuestos evidencian que “no se trata de hechos aislados”, sino de una “realidad reiterada” en distintos centros educativos del archipiélago, tanto en Primaria como en Secundaria, y que afecta a alumnado con TEA, TDAH y otras neurodivergencias.
Expulsiones, segregación y falta de apoyos
Entre las situaciones denunciadas figuran expulsiones reiteradas, retirada del servicio de comedor, imposición de horarios reducidos, expedientes disciplinarios y cuestionamiento de la escolarización en aulas ordinarias pese a informes profesionales favorables. En varios casos, aseguran, estas medidas han derivado en cambios forzados de centro y en la paralización de procesos de inclusión ya iniciados.
Las asociaciones firmantes exigen el “cese inmediato de estas prácticas”, la “activación de apoyos reales” y el “respeto pleno a los derechos del alumnado con discapacidad”. Asimismo, denuncian que ni las familias ni las entidades representativas fueron tenidas en cuenta en la elaboración del Decreto de Convivencia, una “exclusión” que, a su juicio, “agrava la situación actual” y supone un “atentado contra los derechos humanos y fundamentales”.
Relatos recogidos en la denuncia
El comunicado incorpora testimonios directos de familias afectadas. Una madre relata que su hijo de nueve años fue expulsado del centro tras episodios de desregulación emocional y que, posteriormente, se le retiró el servicio de comedor “por seguridad”, señalando que el mensaje recibido fue que “en lugar de apoyo, se responde con exclusión”.
Otra familia denuncia que, tras reclamar por escrito los apoyos que correspondían a su hijo en Secundaria, la actitud del centro cambió y comenzaron a cuestionar su escolarización en aula ordinaria, viviendo la situación como “un castigo por reclamar derechos”.
Aulas enclave y cambios forzados de centro
En otro de los relatos, una familia explica que su hijo, escolarizado desde muy pequeño en aula enclave, no ha tenido integración real con el resto del alumnado y que, tras sufrir una agresión por parte de una auxiliar sin que se adoptaran medidas de protección, se vieron obligados a cambiarlo de centro, paralizando un proceso de inclusión que ya estaba en marcha.
También se recoge el caso de un menor con diagnóstico de autismo tipo 1, cuyas conductas fueron calificadas como “intentos de agresión”, derivando en expedientes disciplinarios y expulsiones, hasta que fue trasladado a otro colegio donde, según su familia, “no ha tenido ningún incidente, obtiene buenas notas y ha recuperado la autoestima”.
Expulsiones reiteradas y desgaste familiar
Otro de los testimonios denuncia que un niño con TDAH y trastorno negativista desafiante acumuló 17 días lectivos de expulsión, con una presión constante para cambiar la medicación y abandonar servicios como el comedor, lo que, según la familia, “agrava su situación en lugar de protegerlo”.
Las entidades concluyen que estos relatos reflejan una respuesta sistemática basada en la sanción y la exclusión, y no en la inclusión, los apoyos y la adaptación del sistema educativo a la diversidad del alumnado.