La presidenta de la Plataforma Canaria Educación Inclusiva, Carolina Buriticá, ha criticado en el Parlamento de Canarias la proposición de ley de autoridad del profesorado impulsada por los partidos que respaldan al Gobierno autonómico (CC, PP, ASG y AHI), al considerar que la norma "criminaliza al alumnado con discapacidad y vulnera su derecho a la educación".
Durante su intervención en la Comisión de Educación de la Cámara regional, Buriticá advirtió de que el texto pretende "otorgar al profesorado presunción de veracidad y respaldo jurídico en caso de conflictos en el aula", una situación que, a su juicio, "deja en desventaja a muchas familias con hijos con discapacidad".
Familias "indefensas"
Según explicó, actualmente numerosas familias "se sienten indefensas ante determinadas decisiones adoptadas en los centros educativos" y se ven obligadas "a recurrir a los tribunales por su cuenta para defender los derechos" de sus hijos. “No vamos a permitir que se use esta ley para criminalizar al alumnado con discapacidad; se agrava lo que estamos viviendo las familias ahora mismo”, denunció.
La representante de la plataforma expuso además casos concretos de estudiantes con trastorno del espectro autista o TDAH a los que, según señaló, "se les aplican medidas sancionadoras e incluso expulsiones por comportamientos relacionados con su neurodiversidad, en lugar de abordarlos mediante estrategias educativas adaptadas".
Desconocimiento
Buriticá también lamentó que, en su opinión, exista un desconocimiento entre parte del profesorado "sobre cómo tratar la diversidad en el aula y sobre los derechos fundamentales de estos alumnos".
Entre las propuestas presentadas por la Plataforma Canaria Educación Inclusiva a la proposición de ley, Buriticá reclamó que "se prioricen las medidas pedagógicas frente a las sancionadoras, que el texto recoja expresamente los derechos de los estudiantes con discapacidad contemplados en tratados internacionales y que se garantice asistencia jurídica gratuita para estos alumnos".
Normativa
A su juicio, la normativa podría generar una “asimetría jurídica” que favorecería al profesorado, ya que según denunció se pretende “usar fondos públicos para blindar al profesorado” mientras las familias deben afrontar procesos judiciales largos y costosos para recurrir decisiones que consideran arbitrarias, lo que supondría una discriminación para el alumnado con discapacidad.