El debate sobre el reparto de menores migrantes no acompañados que tutela Canarias vuelve a estar sobre la mesa en varias comunidades autónomas. Uno de los argumentos más repetidos por quienes rechazan su acogida es que su presencia provoca un aumento de la delincuencia.
Pero ¿qué dicen los datos y los responsables judiciales? Los eurodiputados que visitaron las islas en septiembre para analizar la situación de la Ruta Canaria trasladaron esa misma pregunta a la Fiscalía.
Informe de la Fiscalía
Durante su estancia en el Archipiélago, los miembros de la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo se reunieron, a puerta cerrada, con la fiscal de Menores del Tribunal Supremo, Teresa Gisbert, y con la fiscal superior de Canarias, María Farnés Martínez.
Aunque el encuentro no fue público, el contenido ha quedado recogido en el informe de 37 páginas que la delegación europea publicó esta semana con sus conclusiones y recomendaciones sobre migración y Canarias.
Delitos contra los menores
Según recoge ese documento, las fiscales confirmaron que “se ha producido un aumento de la delincuencia tras la llegada de menores no acompañados”, pero introdujeron un matiz clave: “los delitos se cometen principalmente contra ellos”.
El informe añade que, si bien algunos menores pueden cometer delitos, la mayoría son víctimas, especialmente de explotación sexual y laboral.
Peleas, insultos y agresiones en centros
Entre los delitos que sufren los menores acogidos en Canarias, las fiscales mencionaron ante los eurodiputados peleas, insultos y agresiones sexuales, muchas de ellas producidas dentro de los propios centros de acogida.
Cuando la delegación visitó las islas en septiembre de 2025, ya estaba en marcha la operación policial que derivó en la clausura de cuatro centros de menores en Gran Canariaclausura de cuatro centros de menores en Gran Canaria, investigados por presuntos malos tratos y conductas racistas hacia los chicos acogidos.
Abusos por parte del personal
De hecho, la fiscal superior de Canarias explicó a los parlamentarios europeos que los cierres respondían a abusos cometidos por personal de los centros contra menores migrantes bajo su tutela.
Estos hechos estaban siendo investigados por la Policía Canaria y el Juzgado de Violencia contra la Infancia de Las Palmas de Gran Canaria, el único órgano especializado en esta materia en toda España.
El debate sobre el término “MENA”
La reunión también abordó el uso del término “MENA”. Según el informe, la fiscal Teresa Gisbert explicó que la Fiscalía rechaza firmemente ese acrónimo por considerarlo deshumanizante, ya que pone el foco en la condición de extranjeros y no en la vulnerabilidad como menores.
Además, señaló que el uso reiterado de ese término ha contribuido a que parte de la ciudadanía asocie a estos jóvenes con delincuencia o situaciones problemáticas, algo que, según las fiscales, no se corresponde con la realidad mayoritaria.
En medio del debate político sobre su reparto, el informe europeo pone el foco en un dato relevante: muchos de los menores migrantes en Canarias no son el origen de la delincuencia, sino víctimas de ella.