La Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) ha anunciado una concentración el próximo mes de diciembre en Tenerife en apoyo a un agente que se enfrenta a un proceso penal militar por un supuesto “abandono de residencia” mientras se encontraba de baja médica. Podría ser sancionado con seis meses de cárcel.
El juicio, que inicialmente estaba previsto para el 14 de octubre en la sala de vistas del cuartel de Almeyda, fue pospuesto al 5 de noviembre y, posteriormente, se ha vuelto a aplazar para el jueves 4 de diciembre.
En busca de una solución por todas las vías, la AUGC mantuvo el pasado mes de septiembre reuniones con los portavoces de Interior de los grupos parlamentarios PP, PSOE, SUMAR, VOX y Coalición Canaria con el objetivo de trasladarles el caso y las circunstancias que rodean al agente afectado.
Proceso
Según explican desde la asociación, el caso se originó después de que el guardia civil --que estuvo destino en Playa de las Américas-- sufriera un accidente de tráfico en el verano de 2024. Durante su convalecencia solicitó --al amparo del Real Decreto 274/2018, apuntan-- autorización para fijar temporalmente su residencia en Granada junto a su familia. Al parecer, según AUGC, los servicios médicos de la Guardia Civil avalaron expresamente "que no existía contraindicación médica para el traslado".
Sin embargo explican que "se le denegó la solicitud incorporando criterios que no están previstos en la norma". Pese a ello, dicen, el agente, que cuenta con tres años de labor, mantuvo su residencia en Tenerife "cumpliendo con sus obligaciones y comparecencias médicas" y solo se desplazaba "de manera esporádica a la península para visitar a su familia". La asociación denuncia que el caso, lejos de resolverse por la vía disciplinaria, "ha derivado en un proceso penal militar" lo que consideran un ejemplo de “cómo la aplicación extensiva del Código Penal Militar convierte en delito lo que debería ser una cuestión administrativa”.
Código Penal Militar
Para la asociación, este caso refleja la “disfunción y arbitrariedad” que implica mantener a la Guardia Civil sometida al Código Penal Militar. Según la AUGC, la situación "vulnera principios como la seguridad jurídica, la libre circulación y la tutela judicial efectiva" y coloca a los guardias civiles “en una posición de desigualdad respecto a cualquier otro ciudadano europeo”.
La organización advierte además de que este tipo de procedimientos “erosionan derechos fundamentales, degradan la dignidad de los agentes y ponen en riesgo la confianza en la institución”. Por ello reclaman una reforma urgente del Código Penal Militar para limitar su aplicación "únicamente a situaciones estrictamente militares, como conflicto armado, estado de sitio o integración en unidades militares".