“Asistimos a una injusticia tremenda”, manifiesta Diego Madrazo, secretario nacional de Relaciones Institucionales de la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC), durante la concentración realizada en el entorno del Tribunal de Justicia Militar, en Almeyda.
Explica Madrazo que el motivo de la protesta redunda en que se está aplicando a un “servidor público, a un guardia civil que vela por los derechos y libertades de todos, el código penal militar por el único delito de desplazarse a la Península para visitar a sus padres encontrándose de baja médica”.
Insularidad
Destaca el portavoz que el hecho ocurrido por el que se juzga a un agente por abandono de destino afecta, en primer lugar al compañero, pero también a todos los integrantes de la Guardia Civil que se encuentran desplazados en Canarias, “prisioneros de la insularidad”, como puede leerse en las camisetas que llevan puestas los que han decidido unirse para protestar.
“No cambió de residencia, pero el mero hecho de desplazarse, de ir a visitar a sus padres dos veces le acarrea dos delitos militares, como si fuera un militar desplegado en una zona de operaciones de guerra”, aclara.
Código penal militar
Añade el portavoz que los guardias civiles cuentan con un régimen disciplinario desde el 2007 que podría hacer referencia a este tipo de situación, “pero, en realidad, ni siquiera ha incumplido una norma, simplemente fue a visitar a sus padres a intentar pasar una convalecencia”.
Por otro lado, apunta, que la actuación judicial evidencia “el uso indiscriminado del código penal militar como herramienta de represión únicamente”.
Libre desplazamiento
Por lo que indica Madrazo, el problema reside en la insularidad y en el desplazamiento en avión, argumentando que esta misma circunstancia no tiene ningún efecto dentro del territorio peninsular.
“Si un compañero que estuviera destinado en Cuenca se desplazara a Madrid a ver a sus padres un breve periodo de tiempo, no contemplaría ningún problema” y añade que, el transporte por carretera no deja ningún registro e insiste en dejar claro que es legal desplazarse y, subraya: “nos están privando del derecho al libre desplazamiento”.
Privados de derechos
El derecho al libre desplazamiento está recogido en la Constitución de 1978 en España, sin embargo “los guardias civiles ese derecho lo tenemos privado. No conseguimos entender esta decisión tan arbitraria y la forma en la que se ejerce el mando de la Guardia Civil”.
Además, señala el portavoz, que los propios servicios médicos del referido Cuerpo de Seguridad “autorizaron el desplazamiento, siendo el ejercicio del Mando del Jefe de la Comandancia de la Guardia Civil de Tenerife el que dijo que, como no se apreciaba una mejora terapéutica, no le autorizaba el cambio de residencia”
Seis meses de prisión
Aún así, dice, el compañero siguió cumpliendo con sus obligaciones administrativas en la isla, “presentando los partes de baja, acudiendo a su unidad cuando era llamado y manteniendo su piso de alquiler. Por desplazarse dos veces, le piden dos delitos”
Por estos dos delitos, la Fiscalía pide al acusado tres meses y un día de prisión por cada uno de ellos, o sea, seis meses de prisión.
Seguirán protestando
Juan Galván, compañero del acusado, considera que el código penal militar “se le aplica a la Guardia Civil de una forma desmesurada”, por lo que piden que se deje de aplicar en general y “se quede para situaciones de excepción, en caso de guerra y en el ámbito castrense, cuando el guardia civil está preparándose para ejercer como tal”.
El juicio oral al guardia civil ha tenido lugar en la mañana de este jueves y la decisión del tribunal se conocerá a lo largo de la próxima semana. En cualquier caso, el representante ha advertido que la queja no termina aquí y que, si hace falta, acudirán a instancias superiores