El Gobierno de Canarias considera "inasumible" el Reglamento de Triaje recogido dentro del Pacto Europeo de Migración y Asilo por el que los controles a las personas migrantes se pueden prolongar hasta seis meses, en lugar del mes de media actual. Desde el punto de vista del Ejecutivo regional se deben introducir cambios en el reglamento y se deben atender las necesidades de las regiones fronteras.
El Ejecutivo autonómico considera que la puesta en marcha del acuerdo europeo requiere más solidaridad entre los Estados miembros, mayor financiación, una protección real para los menores migrantes y el reconocimiento de la dimensión atlántica de los flujos migratorios. Sobre todo, insiste en que las regiones frontera deben tener voz en el diseño de estas políticas, ya que, de lo contrario, el pacto “no resultará eficaz”.
Reivindicación de las regiones frontera
Así lo expresó el viceconsejero del Gabinete del Presidente, Octavio Caraballo, durante la reunión del grupo de trabajo sobre Migración de la Conferencia de Regiones Periféricas y Marítimas (CRPM) celebrada este martes en Bruselas. En su intervención, mostró su inquietud por las repercusiones del acuerdo de los 27 en Canarias, especialmente ante la falta de información concreta sobre su impacto real en las islas.
Uno de los aspectos que más preocupa al Gobierno canario es el Reglamento de Triaje, que prevé controles prolongados a las personas migrantes. Según explicó Caraballo, este mecanismo podría alargar la estancia en Canarias hasta seis meses —frente al mes actual de media—, lo que considera “inasumible para un territorio limitado y fragmentado”, traslada el área que dirige en un comunicado.
Riesgo de saturación en Canarias
El viceconsejero también reclamó medidas específicas para las regiones fronterizas, así como mecanismos automáticos de derivación rápida de migrantes hacia la península y otros países europeos. En este sentido, advirtió del riesgo de que Canarias se convierta en un “espacio de retención” si no se corrigen los actuales planteamientos.
Asimismo, defendió que la Unión Europea reconozca la Ruta Atlántica como un sistema migratorio diferenciado del Mediterráneo, lo que permitiría diseñar estrategias propias de prevención, rescate y cooperación adaptadas a trayectos de más de 2.000 kilómetros en embarcaciones precarias.
Más financiación y enfoque atlántico
En materia de financiación, el Gobierno autonómico considera “fundamental” que los fondos del pacto se adapten a la realidad de territorios como Canarias mediante su regionalización y una mayor flexibilidad en las normas. “De otro modo, el pacto no funcionará”, advirtió Caraballo.
El viceconsejero también puso el foco en la situación de los menores migrantes no acompañados —unos 3.000 actualmente bajo tutela en Canarias— y pidió la creación de un sistema europeo específico que garantice su reubicación obligatoria y rápida, así como recursos estables para su atención integral.
Críticas a la falta de coordinación
Por otro lado, criticó la exclusión de Canarias de los planes nacionales diseñados por el Estado para aplicar el pacto, pese a ser la comunidad más afectada por las llegadas marítimas. A su juicio, esta falta de participación dificulta la eficacia de las medidas y limita la capacidad de respuesta ante un fenómeno que se gestiona en primera línea.
Finalmente, Caraballo defendió la necesidad de avanzar hacia un modelo de gobernanza multinivel que incluya a las regiones en la toma de decisiones y en el que la solidaridad sea obligatoria y no voluntaria, planteando incluso una declaración conjunta de la CRPM para fijar líneas rojas en la implementación del acuerdo.