Encontrar al biólogo canario Manuel Navarro entre los restos del buque gallego Villa de Pitanxo es "misión imposible". Así lo creen sus familiares, que llevaban un año albergando la esperanza de que, por lo menos, una expedición pudiese bajar al barco para inspeccionarlo y determinar las causas del accidente. De este peritaje depende un proceso penal contra el capitán del buque.
El Viilla de Pitanxo naufragó en febrero de 2022 frente a las costas de Terranova (Canadá). En él viajaban 24 personas. Sólo tres sobrevivieron. El patrón de la embarcación, Juan Padín Costa, su sobrino, Eduardo Rial Padín, y un marinero llamado Samuel Kwesi Koufi. Las declaraciones de los dos primeros fueron tan diferentes a las de este último que hay una causa judicial abierta. Según Kwesi Koufi, el naufragio se debió estrictamente a las decisiones tomadas por Padín Costa.
Entrar al barco es muy complejo
De aquel naufragio se recuperaron nueve cuerpos. Los otros 12, entre los que se encuentra Manuel Navarro, desaparecieron, presumiblemente atrapados en las vísceras de acero del Villa de Pitanxo y arrastrados hasta el fondo del Atlántico.
Un año y tres meses después, el buque Ártabro, de la empresa ACSM Shipping, ha partido desde Vigo (Galicia) hacia el lugar del siniestro con unos robots preparados para bajar al pecio. Aunque muy posiblemente los cuerpos estén dentro, la hermana de Manuel, Mónica Navarro, explica a Atlántico Hoy que es muy complejo que esos robots puedan llegar a entrar a los camarotes del Villa de Pitanxo para identificarlos, por lo que las familias descartan esa posibilidad.
El barco zarpa sin varios peritos
Lo que el Ártabro ha ido a hacer, sin embargo, es peritar el accidente. Un peritaje que ha resultado muy controvertido porque la salida del barco se ha realizado precipitadamente, sin dar tiempo a que todos los peritos judiciales de la Audiencia Nacional se embarcasen en él ni con los peritos de parte de las familias, según han denunciado estas.
Mónica Navarro explica a Atlántico Hoy que, este jueves, la Delegación del Gobierno en Galicia comunicó a los familiares que a bordo viajaba un perito de la Comisión Permanente de Investigación de Accientes e Incidentes Marítimos (CIAIM), dependiente del Ministerio de Transportes y otro de la Audiencia Nacional -debían ir dos-.
La mañana de este jueves, además, la portavoz de las familias de las víctimas del Pitanxo, María José de Pazo, explicó a los medios de comunicación durante una concentración frente a la Subdelegación del Gobierno en Pontevedra que la Audiencia Nacional advirtió al Gobierno de que cumpliese los plazos acordados para que se embarcasen en el Ártabro todos los peritos y este zarpase con la autorización de dicho juzgado, pero el Ejecutivo decidió hacer salir el buque haciendo caso omiso a las indicaciones de la justicia.
Un año persiguiendo esta misión
Mónica Navarro lamenta que, desde que ocurrió el naufragio hace más de un año, el Gobierno de España ha puesto "muchos obstáculos" a la realización de esta misión. En un primer momento, el Ejecutivo aseguró que no era técnicamente viable. Por eso, las familias contrataron a un perito privado para realizar un estudio topográfico del lecho marino de la zona donde el Villa de Pitanxo se fue a pique. Eso les sirvió, explica Mónica Navarro, para "dar constancia al Estado de que sí se podía realizar esa operación".
La Unión Europea, organismo al que acudieron los familiares dos veces, acabó amonestando al Gobierno de España por no ir a recabar esta valiosa información sobre el accidente. Pero no sólo eso, sino que la propia Audiencia Nacional pidió, a través del juez Moreno, que se llevase a cabo esta misión.
Desconfían del Gobierno
"El capitán del Villa de Pitanxo [Juan Padín Costa] podría tener 21 homicidios a sus espaldas y ahora el proceso podría hacerse sin cumplir todas las directrices de la Audiencia Nacional", comenta Navarro. Las familias de los fallecidos aquel fatídico 15 de febrero de 2022 están destrozadas, pues temen que no llevar a cabo la misión como lo ha requerido la Audiencia Nacional pueda llevar a invalidar las pruebas.
La hermana del biólogo canario fallecido en el hundimiento explica que han sucedido un sinfin de anomalías en el proceso que hacen a las familias desconfiar del Ministerio de Transportes y el CIAIM. Sucesos como que no se haya permitido a los familiares de las víctimas acercarse al Ártabro. María José de Pazo, este jueves, ha declarado en nombre de las familias que consideran "sospechoso" cómo el Ejecutivo nacional está llevando todo el proceso, al que se opuso durante un año y ahora ha llevado a cabo precipitadamente, entorpeciendo a la Audiencia Nacional e imposibilitando la presencia de todos los peritos a bordo.
La Audiencia Nacional asegura que se ignoró su petición de coordinar la expedición
En juego hay un proceso judicial, una depuración de responsabilidades. Samuel Kwesi contó tras el naufragio que el Villa de Pitanxo se hundió en cuestión de minutos porque el capitán ignoró la petición de los marineros de soltar las redes y cerrar escotillas tras un golpe de mar. Con las redes fuera y el temporal, el barco se escoró y, con las escotillas de las redes abiertas, el agua entró en tromba dentro del Villa de Pitanxo.
La versión del patrón dista mucho de la del marinero, pero hay indicios de delito y por eso Padín Costa tiene que presentarse cada 15 días en el juzgado y tiene la prohibición de salir de España. La misión del Ártabro era precisamente comprobar qué versión era la real y determinar la responsabilidad sobre el accidente.
No obstante, habiéndose hecho la salida sin la autorización pertinente del juez, cabe la posibilidad de que la Audiencia Nacional no la valide o que, por el contrario, sí le de el visto bueno pero sin estar los peritos de parte involucrados. Según ha recogido La Voz de Galicia, la Audiencia se ha reafirmado en que se ignoró su petición de coordinar la expedición y que el Gobierno hizo partir el barco por su cuenta y sin esperar a que estuviesen a bordo todos los peritos judiciales. De momento, no ha indicado si se paralizará este operativo o no. Tampoco ha aclarado si existe el riesgo, tal y como aseguran las familias que podría ocurrir, de que se invaliden las pruebas por esta razón.