La Federación de Salud de Intersindical Canaria ha acusado al Gobierno de Canarias, formado por Coalición Canaria y el Partido Popular, de “obstaculizar deliberadamente la eficacia del sistema público de salud” con el objetivo de favorecer su privatización progresiva.
En un comunicado difundido este jueves, el sindicato sostiene que el Ejecutivo “malogra intencionadamente el esfuerzo asistencial de los trabajadores sanitarios”, y que las decisiones de gestión “ponen palos en las ruedas” para justificar el desvío de recursos hacia la sanidad privada.
Críticas a la gestión sanitaria
La organización sindical señala directamente a la consejera de Sanidad, Esther Monzón, y al director del Servicio Canario de la Salud, Adasat Goya, a quienes describe como “responsables de una política que degrada el sistema público”. Acusa al Gobierno de ralentizar la realización de pruebas diagnósticas y de retrasar la apertura de nuevos servicios hospitalarios, como el de Urgencias del Hospital de La Candelaria.
“Intersindical Canaria considera que el Ejecutivo ha escogido a gestores incompetentes con el fin de debilitar la sanidad pública y facilitar su traspaso al sector privado”, apunta el documento firmado por Ruymán Pérez Sánchez, secretario de Comunicación del sindicato.
El sindicato cita un estudio de la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública, según el cual Canarias fue en 2024 la comunidad con mayor número de actividades sanitarias privatizadas a través de conciertos con empresas privadas.
Según esta organización, la comunidad autónoma se sitúa ya “junto al modelo madrileño” por el volumen de recursos públicos destinados a la sanidad privada, mientras que los tiempos de espera para los pacientes siguen siendo de los más elevados del país.
"Revertir la tendencia"
Intersindical Canaria exige una reorientación de la política sanitaria, basada en la profesionalización de la gestión, la transparencia y la recuperación de servicios públicos esenciales. “Canarias no puede continuar alimentando con fondos públicos a un sistema privado que crece a costa del deterioro del derecho a la salud”, concluye el sindicato.