La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Las Palmas juzgará el próximo miércoles a Andrea P.Z. por un presunto delito de administración desleal y otro de falsedad en documento mercantil. Se sentará junto a ella en el banquillo de los acusados, Claudia Anna H.S. como presunta autora de un delito de cooperación necesaria.
Según el escrito de acusación del Ministerio Fiscal, Andrea se puso de acuerdo con Claudia Anna para sustraer el patrimonio de la sociedad Tajinaste Azul 2002, SLU de la que la primera era administradora única.
Venta del único bien de la empresa
El 4 de agosto de 2020, en escritura pública, sin el conocimiento de los socios partícipes de la sociedad, Andrea vendió el único bien del que disponía la empresa en Mogán, a Claudia y a su hermano Juan Sebastian H.S. Claudia realizó la venta en nombre y representación de su hermano sin que se incorporara el poder a la escritura.
“En la escritura pública se hizo constar que el precio a abonar eran 200.000 euros y que dicho pago queda aplazado para ser satisfecho a la parte vendedora en el plazo máximo de 10 años, y que la mercantil Tajinaste azul 2002, SLU conserva la condición de deudora del préstamo con garantía hipotecaria suscrito con el Banco Santander, comprometiéndose la encausada Andrea P. al cumplimiento de todas las obligaciones contraídas frente a la entidad acreedora” reza el escrito de la Fiscalía. El valor de mercado del inmueble es de 730.000 euros y no se ha abonado nunca.
Certificado falso
“Ambas encausadas, actuaron sin ningún acuerdo de la Junta General de la mercantil que las autorizase para realizar la transacción, y con el pleno conocimiento que en fecha 2 de diciembre de 2014, doña Anna C.S., madre de Claudia, y su pareja don Giovanni G. habían vendido la nuda propiedad de las 100 participaciones que integran el capital social a Dominique M.G., reservándose aquellos exclusivamente el usufructo vitalicio de las participaciones sociales”, relata la fiscalía.
Para la acusación, Andrea, en su condición de administradora de la mercantil, incorporó a la escritura pública de compraventa de 4 de agosto de 2020, “un certificado en el que de manera totalmente espuria hacía constar que según el libro de actas de la sociedad, el 4 de agosto de 2020 se celebró Junta General de la entidad, a la que asistió el socio titular de las participaciones que representan el 100% del capital social y en la que se acordó autorizar a la administradora única para proceder a la venta de la finca registral XXXXX aunque el valor de dicha finca supere el 25% de los activos que figuran en el último balance aprobado”, concluye la Fiscalía.
Hasta cuatro años de cárcel
Andrea se enfrenta a dos años por un delito de administración desleal y a otros dos años por un delito de falsedad en documento mercantil. A Claudia Anna, como cooperadora necesaria en el delito de administración desleal le solicitan dos años de cárcel.
El Fiscal también pide que se declare la nulidad de la compraventa realizada en escritura pública de 4 de agosto de 2020 ante el notario José Chafer Rudilla, inscrita en el Registro de la Propiedad de Mogán.