El juzgado de instrucción número 8 de Las Palmas de Gran Canaria está investigando, bajo las diligencias previas 1482/2025, unos presuntos delitos de estafa agravada y apropiación indebida vinculados a la cadena de tiendas Última Informática, cuyo propietario es el empresario Z.R.D., que contaba con varios establecimientos en Canarias, después de que decenas de clientes hayan denunciado haber pagado productos que nunca recibieron.
Atlántico Hoy ha tratado encarecidamente de contactar con el empresario para recabar su versión de los hechos que se relatarán a continuación, de la boca de los afectados, pero este no ha respondido ni a las llamadas ni a los mensajes de este periódico.
El caso de José Mussach
Uno de ellos es el ingeniero de telecomunicaciones José Mussach, un vecino de La Orotava (Tenerife) y residente en Madrid que explica a Atlántico Hoy que ha perdido más de 41.000 euros en una compra realizada a través de internet.
Según explica Mussach, el 3 de febrero de 2025 pagó 41.186 euros en la web de Última Informática por 15 tarjetas gráficas RTX 5090 de alto rendimiento, conocidas como GPU, utilizadas tanto para videojuegos como para tareas de inteligencia artificial, edición de vídeo o simulación. La compra se produjo en un momento de gran demanda de este tipo de hardware, lo que hacía difícil encontrarlas disponibles en el mercado. Última Informática anunciaba disponibilidad de stock, algo que no garantizaban otras tiendas.
Mussach asegura que decidió comprar en esta tienda porque, aparentemente, se trataba de una empresa solvente. Pero nada más lejos de la realidad. El afectado explica que la compañía contaba con establecimientos físicos en Canarias y que incluso había patrocinado al Club Deportivo Tenerife, lo que reforzaba su credibilidad ante los clientes. Los establecimientos están, hoy en día, cerrados.
Pago y problemas
Sin embargo, tras efectuar el pago comenzaron los problemas. Según su relato, el vendedor empezó a comunicar retrasos en la entrega y a modificar las condiciones iniciales de la compra. “Primero decía que tenía que hacer un pre-order”. Posteriormente, asegura, recibió diferentes propuestas alternativas para posponer el envío o cambiar el producto por otros modelos de tarjetas gráficas.
El paso de los meses sin recibir el pedido fue aumentando la desconfianza de Mussach. Finalmente, a finales de abril de 2025 solicitó la devolución del dinero. “Ahí empiezo a ver cosas raras”, dice. A partir de ese momento, según su versión, comenzaron nuevas excusas y la devolución nunca llegó a materializarse.
En distintos medios de comunicación se ha aseverado que la empresa o empresas de Z.R.D. estaban en concurso o preconcurso de acreedores. Pero el principal afectado por la presunta estafa asegura haber comprobado con el portal público www.publicidadconcursal.es que no existe ningún concurso del propietario de Última Informática ni de su entramado societario. Y, en cualquier caso, subraya que "eso no le habilitaría para cobrar productos sin servirlos".
La denuncia
Tras estos hechos, José Mussach interpuso una denuncia en la Policía Nacional en Madrid y también trasladó la situación directamente al jefe de Fiscalía de Tenerife, además de a Consumo y a su director general en Canarias, con la intención de que se investigara lo que él considera una presunta estafa continuada.
A partir de ahí se inició un procedimiento que, según su versión, ha estado marcado por conflictos de competencia entre juzgados. En un primer momento, el caso cayó en un juzgado de Las Palmas de Gran Canaria porque ya existían otras denuncias relacionadas con los mismos hechos. Sin embargo, el juzgado decidió inhibirse en junio de 2025 y remitir el procedimiento a Tenerife al considerar que la empresa tenía allí su sede y que el investigado residía en esa isla.
Rechazo de la inhibición
El expediente llegó entonces a un juzgado de Tenerife, donde Mussach logró personarse en la causa. Esa personación le permitió tener acceso a parte de la documentación del procedimiento y conocer el alcance de las denuncias acumuladas hasta ese momento. Según explica, en ese punto descubrió que ya existía una treintena de denuncias integradas en el mismo expediente judicial.
Sin embargo, esa fase duró poco. El juzgado de Santa Cruz de Tenerife acabó dictando un auto en el que la magistrada María de los Ángeles Lorenzo Cáceres y Farizo rechazaba la inhibición del juzgado de Las Palmas porque las primeras denuncias que motivaron la investigación no se produjeron en su partido judicial, sino que habían pasado en el centro comercial Las Arenas de la capital grancanaria.
Peleando para personarse de nuevo
Ese traslado volvió a complicar su situación en el proceso. Aunque ya se había personado en Tenerife, al pasar la causa a otro juzgado tuvo que iniciar de nuevo el trámite para hacerlo en Las Palmas. Según denuncia, ese paso todavía no se ha completado debido a la carga de trabajo de la oficina judicial.
"Estoy esperando para personarme de nuevo, poder ejercer mi acusación particular, solicitar las medidas cautelares y la ampliación de instruccion", apunta Mussach.
El retraso preocupa especialmente al afectado porque el procedimiento se encuentra todavía en fase de instrucción y la ley establece un plazo máximo de 12 meses para practicar diligencias de investigación, que está por cumplirse. "Al no estar personado, quedo en una absoluta indefension", denuncia Mussach, que no puede ni pedir una ampliación de la instrucción, ni solicitar la imputación de nuevos delitos al investigado, ya que considera que también se ha cometido un presunto delito de insolvencia punible.
Los delitos investigados
El procedimiento judicial investiga dos presuntos delitos, tal y como pudo saber José Mussach en el breve tiempo que logró estar personado en el procedimiento cuando recayó en un juzgado de Tenerife. El primero es el de estafa agravada, al tratarse de operaciones comerciales en las que los clientes pagaron productos que supuestamente no fueron entregados.
El segundo es el de apropiación indebida, ya que según los testimonios recabados, algunas personas dejaron ordenadores en las tiendas para reparaciones o mantenimiento y no los han recuperado. Según Mussach, estudia solicitar además que la causa se amplíe, como se ha explicado, para investigar un tercer posible delito de insolvencia punible.
Delitos graves
Este tipo penal se aplica cuando una empresa continúa realizando operaciones comerciales pese a encontrarse en una situación económica que le impide cumplir sus obligaciones, incrementando así el perjuicio a terceros.
"Estos delitos son muy graves y pueden acarrear penas superiores a 10 años de prisión si finalmente es condenado. Para conseguir atenuantes de la pena, deberá devolver el dinero a todos los afectados, por lo que denunciar es la única vía para recuperar el dinero", señala Mussach.
Más afectados
Mientras tanto, otros clientes comenzaron a descubrir que también habían sido afectados. Uno de ellos es Marc Gautam, que inicialmente perdió una cantidad mucho menor pero terminó convirtiéndose en uno de los principales puntos de contacto entre las víctimas al crear el grupo de Facebook de afectados.
Gautam explica a Atlántico Hoy que había comprado en la tienda en ocasiones anteriores y que, a finales de 2025, decidió adquirir unas memorias Samsung a través de la web. El pago se realizó por adelantado mediante tarjeta, como exigía el sistema de compra de la empresa.
Tiendas cerradas
El pedido nunca llegó. Durante semanas, recibió explicaciones relacionadas con la falta de stock y los retrasos en el envío. Pensó que el retraso podía deberse a la acumulación de pedidos durante las fiestas de Navidad, pero la situación se prolongó durante meses. “Pasé esperando enero, febrero y marzo”, explica.
Las llamadas telefónicas a la empresa dejaron de ser respondidas. Ante la falta de información, decidió acudir a una de las tiendas físicas situadas en el sur de Tenerife. Allí descubrió que el establecimiento estaba cerrado y que otros clientes estaban en la misma situación. “Había como tres personas más hablando de lo mismo”, señala.
Unos 50 presuntos estafados
A partir de ese momento, decidió crear un grupo de Facebook para reunir a los afectados y compartir información sobre lo ocurrido. El grupo empezó a crecer rápidamente. “Ahora resulta ser que son más de 30 personas, y ya se han añadido al grupo casi 50”.
Según su testimonio, algunas personas habrían realizado compras por importes muy elevados. “Hay una persona a la que le afecta bastante porque ha pagado casi 41.000 euros”, dice refiriéndose a José Mussach. Muchos de los afectados, añade, han presentado reclamaciones ante las oficinas de consumo y posteriormente denuncias ante la Policía Nacional o la Guardia Civil.
La web sigue operativa
Una de las preocupaciones que comparten los afectados es que la página web de la tienda "aún sigue activa”, pese a que todos sus centros hayan cerrado.
El caso también plantea interrogantes sobre los mecanismos de prevención del fraude en el comercio electrónico. José Mussach sostiene que el sistema bancario dispone de herramientas para detectar patrones sospechosos en la actividad de los comercios online, especialmente cuando se producen reclamaciones masivas o devoluciones de pagos con tarjeta.
¿Culpa de los bancos?
En su opinión, los bancos tienen acceso a indicadores que podrían haber alertado antes de la situación. Entre ellos menciona las incidencias registradas en los pagos, las devoluciones de cargos o el análisis de reputación digital que utilizan algunos sistemas antifraude. Según explica, ese tipo de información permitiría identificar anomalías en la actividad de un comercio antes de que el problema afecte a más clientes.
El afectado considera que ese tipo de controles podría haber reducido el número de víctimas si se hubieran activado antes. Aun así, insiste en que su objetivo principal sigue siendo recuperar el dinero perdido y que el procedimiento judicial avance.