La situación de la Televisión Canaria (RTVC) ha saltado al escenario estatal tras el último encuentro de los comités de empresa de medios públicos, que han puesto el foco en el Archipiélago como uno de los puntos más sensibles del sector.
La tramitación de la nueva ley de ordenación del sector audiovisual en Canarias ha encendido las alarmas entre los trabajadores, que no descartan movilizaciones si el texto sigue adelante en su forma actual.
Alerta por la ley
Durante el encuentro celebrado en Sevilla, la Plataforma RTVs Públicas en Lucha acordó seguir de cerca la evolución de la nueva normativa que regulará la radiotelevisión pública canaria.
Según los representantes sindicales, el proyecto podría suponer un “claro retroceso” en el modelo de servicio público y presentar posibles incumplimientos del reglamento europeo, la European Media Freedom Act (EMFA).
Además, advierten de que la nueva ley podría afectar directamente al futuro de un servicio financiado con fondos públicos.
Posibles movilizaciones
Ante este escenario, la plataforma no descarta convocar movilizaciones en Canarias si la tramitación de la ley no incorpora cambios.
El objetivo, según trasladaron los comités, es evitar que el nuevo marco normativo “hipoteque” el funcionamiento de la radiotelevisión pública en las islas.
Canarias, epicentro
El peso de la situación en Canarias ha sido determinante para que el archipiélago sea elegido como sede del próximo encuentro estatal.
El III Encuentro de RTVs Públicas en Lucha se celebrará en Canarias los días 5 y 6 de abril de 2027, en un contexto marcado por la evolución de esta ley y el futuro de RTVC.
Huelga en el horizonte
A nivel estatal, los comités también han acordado convocar una huelga conjunta en todos los medios públicos en 2027, coincidiendo con el inicio de las elecciones generales o municipales.
La decisión responde a lo que consideran un aumento de la externalización, privatización y precariedad en el sector.
Situación del sector
Durante las jornadas se constató una preocupación creciente por el modelo de gestión de los medios públicos, tanto en Canarias como en el resto del país.
La plataforma ha señalado que continuará vigilando posibles casos de manipulación informativa, cesión ilegal de trabajadores y pérdida de control público, con el objetivo de reforzar el papel de estos medios como servicio esencial para la ciudadanía.