Alexandra Delgado es madre de una joven de 22 años que tiene autismo, con una discapacidad ya reconocida de grado tres. En abril de 2024 Delgado inició ante la Dirección General de Dependencia el trámite para que reconozcan que su hija tiene derecho a poder alojarse en una plaza específica para personas con autismo. La resolución le tenía que haber llegado en un plazo máximo de tres meses, pero un año y medio después todavía carece de la resolución.
Lo que Delgado está solicitando es simplemente que se reconozca el derecho a su hija a tener una plaza el día que la necesite. “Ni siquiera estamos pidiendo la plaza, porque antes de pedir una plaza mi hija tiene que tener ese papel. Esa es la gravedad del asunto”, señala Delgado. De hecho, uno de los puntos que denuncia es que no hay plazas actualmente para alojarse.
Una situación desesperada
"Imagínate que en este año y medio yo hubiera fallecido, o hubiera enfermado de cáncer, mi hija es dependiente total y necesita a una o dos personas", explica sobre sus necesidades. "¿Por qué nos hacen esto a los padres? Nos quieren muertos en vida", ha denunciado en un vídeo en sus redes sociales.
Ese vídeo lo publicó después de que acudiera esta semana a las instalaciones de la dirección general para que le dieran una respuesta sobre el motivo de la tardanza. Según asegura, en la sede le informaron que ese servicio se había externalizado y que por ello no le podían dar la información de cómo estaba su expediente. La única información que figuraba es que su petición se había hecho en abril de 2024 y que administrativamente correspondía responder en tres meses.
Un servicio privatizado
Esta externalización del servicio de la que informaron a Delgado le cabreó. Desde la Consejería de Bienestar Social aseguran que justo ese servicio en concreto no se ha privatizado, pero que sí apuntan que hay servicios que sí lo están.
Este año, la consejería sí la licitado un concreto de “apoyo técnico, soporte y realización de tareas accesorias relacionadas con la tramitación de procedimientos en materia de dependencia” para “reforzar, facilitar y agilizar los procedimientos administrativos en materia de dependencia, y que redunda de forma esencial en la ciudadanía e interés general”.
Este contrato implicaba, según los pliegos, el apoyo y asistencia integral y continuada en los expedientes administrativos en materia de dependencia en todos sus trámites, el apoyo en la cuantificación y definición económica de las prestaciones, así como de la capacidad financiera de los solicitantes y la asistencia técnica y apoyo en la mejora y optimización de los datos y procesos propios del servicio.
A la espera
Desde el punto de vista de Delgado “es terrible que se externalicen servicios” y sin embargo se mantengan los largos plazos para recibir las resoluciones. Lo que está a la espera de recibir es el Programa Individual de Atención (PIA), que es la modalidad de intervención más adecuada que se determina después de tener reconocida una discapacidad. Desde la consejería aseguran que solo en agosto hicieron 4.000 PIA.
En San Cristóbal de La Laguna está prevista la construcción de cuatro miniviviendas que habilitarán 20 plazas para personas con autismo. De momento no hay nada materializado pero a Delgado le urge tener la resolución que le reconozca el derecho a su hija a obtener una plaza.