El último informe de la Diputada del Común que recoge las quejas ciudadanas que tramita la institución evidencia la grave situación que vive Canarias en materia de Dependencia. El documento hace todo un recorrido por los problemas de la administración que más frustran a los ciudadanos y valora que la Dirección General de Discapacidad está “evidenciando un supuesto de mala administración sistémica”.
Hay muchos datos demoledores que recoge el informe en lo que al reconocimiento del grado de discapacidad se refiere, pero especialmente grave es la situación de los menores. Según el informe, un menor con trastorno del espectro autista en Tenerife tarda seis años en que se tramite su solicitud para recibir el grado de discapacidad.
Hartos de esperar
Justo el área de Discapacidad centra la gran mayoría de las quejas que han puesto los ciudadanos, que acuden a la Diputación del Común como última vía administrativa para encontrar una solución. El caso de los reconocimientos por discapacidad es grave. El informe recoge que hay una importante demora en las tramitaciones, especialmente en la isla de Tenerife, donde en 2024 estaban gestionando las solicitudes hechas en 2020. En Gran Canaria se tramitan las solicitudes de 2022 y en Fuerteventura las de 2023.
“El 90,38% de las quejas registradas en el área de discapacidad, esto es 545 de las 603 quejas registradas en 2024, están motivadas por la demora del procedimiento de valoración o revisión del grado. En 2023 fueron 217 de 310; en 2022, 122 de 274”. Esto refleja que cada vez más la ciudadanía se ve frustrada por el reconocimiento de los grados de dependencia por parte del Gobierno de Canarias.
La situación de los menores
La cuestión se puede agravar aún más con el caso de los menores. El informe recoge que en 2023 atendieron 27 quejas de menores, 15 que afectaban a menores de entre 0 y 6 años y 12 de menores de entre 7 y 16 años. Pues bien, el año pasado las quejas se triplicaron y alcanzaron las 94: 25 afectaban a menores de 0 a 3 años y 69 a niños de entre 7 y 16 años.
Hay que destacar que pese a estos datos, los menores tienen prioridad en el sistema, pero en la práctica la cuestión es grave. “Se viene evidenciado en los últimos años un incremento de las quejas de los progenitores de niños y niñas que presentan algún trastorno del espectro autista, motivadas por la demora en la resolución de su solicitud de reconocimiento de la discapacidad”.
Desarrollo dificultado
“Si un menor de siete años con un diagnóstico del espectro autista solicita el reconocimiento de la discapacidad en la isla de Fuerteventura la obtendrá, previsiblemente, en 18 meses, pero si la solicita en Tenerife tendrá que esperar cinco o seis años para la obtención de un procedimiento que debería concluirse en el plazo de tres a seis meses”, resume el informe de los casos que le han llegado.
Eso significa que en los momentos más cruciales de su desarrollo no se van a ver beneficiado por los mecanismos que el Estado pone a su disposición porque la Comunidad Autónoma no ha podido cumplir con los plazos que ella misma se ha puesto. Los años de espera suponen “una pérdida irreparable de oportunidades para su desarrollo y su plena integración”.