La Plataforma de Médicos de Familia y Pediatras de Atención Primaria de Canarias ha denunciado ante la Diputación del Común la “inasumible” sobrecarga asistencial que sufren. Una sobrecarga que se suma a la continua carencia de recursos humanos y materiales, la burocratización excesiva y la ausencia de reconocimiento profesional, según han trasladado desde la diputación en un comunicado.
Vanessa Díaz, portavoz de la plataforma, se reunió con la diputada del Común, Lola Padrón, quien, a través de un comunicado, ha solicitado que se garantice la carrera administrativa y la movilidad en el sector sanitario.
Profesionales cansados
Díaz ha calificado el "maltrato institucional continuado" como un elemento "profundamente desmotivador y destructivo". Ha expresado el cansancio de los profesionales ante el "desprecio a nuestros derechos laborales y humanos", señalando que esta situación está afectando su salud y generando sentimientos de "menosprecio" y "abandono".
Además, ha mencionado el aislamiento laboral que experimentan algunos médicos por parte de compañeros ya estabilizados, lo que contribuye a un "clima de trabajo insano y perjudicial". En este contexto, Lola Padrón ha insistido en la necesidad de que la Administración convoque un concurso de traslados, "congelado desde hace 17 años en nuestra comunidad".
Triple perjuicio
Díaz ha explicado que la ausencia de este concurso de traslados genera un triple perjuicio. Por una parte, un daño indirecto que impide a los médicos de Atención Primaria acceder a las mejores plazas, creando una "paradoja inaceptable" donde profesionales que no superaron la OPE de 2007 o no se presentaron consolidarían mejores puestos que quienes sí lo hicieron, ya que los mejores se están blindando al proceso de estabilización sin dar opción a los fijos.
Otro perfuicio es el "daño directo y gravísimo" que obliga a los profesionales de Primaria a dejar sus plazas en comisión de servicios y regresar a las originales, muchas de ellas en otras islas, lo que conlleva un enorme coste emocional, personal, familiar y económico. Por último, señala el acceso denegado que impide a los profesionales acceder a los puestos que ocupan en comisión, a pesar de haber permanecido en ellos en algunos casos por más de 20 años.
Finalmente, los representantes de la plataforma han solicitado a la diputada del Común que eleve al Defensor del Pueblo la posible inconstitucionalidad del artículo 77.4 de la Ley 7/1985 de Ordinación Sanitaria de Canarias, tras su reciente modificación.