Menos de un tercio de los vertidos al mar en Canarias son legales

El Consejero de Transición Ecológica, Antonio Valbuena, ha abogado este miércoles por endurecer las sanciones por el vertido de aguas residuales no autorizadas

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Vertidos de aguas residuales al mar sin autorizar. / Grafcan
Vertidos de aguas residuales al mar sin autorizar. / Grafcan

De los 434 puntos de vertidos de aguas residuales contabilizados en Canarias solo el 28% está autorizado, según ha comentado el consejero de Transición Ecológica del Gobierno de Canarias, José Antonio Valbuena, en el Parlamento de Canarias. En este sentido el consejero se ha mostrado a favor de un endurecimiento de las sanciones por los vertidos al mar de aguas residuales que no estén autorizados, porque "la normativa es muy laxa e incumplir sale muy barato", tal y como ha recogido Efe. 

La propuesta del consejero socialista es la de implantar un canon a los vertidos. En la comparecencia de este miércoles, Valbuena explicó que los datos de 2021 reflejan que en Canarias hay 434 puntos, el 54% de aguas residuales urbanas, de los que solo el 28% están autorizados y el 72% no lo están. 

Constantes sanciones por residuos

Los vertidos al mar son el causante de las mayores sanciones que la Unión Europea impone a España, algo que se repite cada seis meses. En concreto, esta sanción se refiere a los vertidos en el Valle de Güímar, una problemática que ha llevado a varios exalcaldes y a la actual alcaldesa de Candelaria, Mari Brito, a ser procesados por presuntos delitos continuados contra el medio ambiente y prevaricación en relación a los vertidos de aguas residuales del polígono industrial de Güímar. 

Según comentó el consejero, de los cuatro expedientes de sanción abiertos por la Unión Europea, uno está en fase contenciosa, "y podemos darlo por resuelto", y dos están en fase pre-contenciosa, en proceso de alegaciones porque "entendemos que los problemas están resueltos o encauzados con proyectos en vías de ejecución", tal y como recogió Efe. El de Güímar es el cuarto expediente y ha supuesto que el Estado tenga que pagar diez millones de euros de sanción cada seis meses mientras no esté en funcionamiento la estación depuradora.

El 80% del agua tiene autorización

Pese a las continuas sanciones y a los numerosos puntos ilegales, Valbuena ha hecho hincapié en que en cuanto al volumen de agua el 80% sí tiene autorización, lo que supone que hay un seguimiento y control. Ese 80 por ciento del volumen de agua que se vierte al mar corresponde a los procesos de refrigeración de las siete centrales eléctricas.

José Antonio Valbuena recordó que la competencia en la gestión de las aguas residuales es municipal y si otras administraciones como cabildos o Comunidad Autónoma se hacen corresponsables, significa que los municipios también tienen que participar en la financiación de los proyectos. Al respecto, informó de que el Estado dispondrá una financiación de 20 millones de euros en 2023 para obras dentro del acuerdo de infraestructuras hidráulicas de Canarias, que es la inversión que se puede ejecutar ese año.

El consejero, a petición de la diputada Luz Reverón (PP), se comprometió a la realización de un censo de patologías asociadas a los vertidos sin tratar que se producen en las costas, que son un problema para los ecosistemas marinos pero también para la salud humana, alertó.

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