El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha aumentado en 300.000 euros la declaración de emergencia ya existente de 40 millones. La medida busca cumplir con la orden del Supremo de hacerse cargo de unos mil menores migrantes no acompañados que han solicitado asilo en Canarias.

La secretaria de Estado de Migraciones, Pilar Cancela, lo confirmó este martes tras la reunión semanal entre el Gobierno central y el canario, en la que se analiza cómo se implementa la protección de estos niños y adolescentes en el sistema estatal.

Plazo del Supremo

El pasado 23 de octubre, el Tribunal Supremo emitió un nuevo auto, exigiendo al Ejecutivo central que acogiera a los menores en un plazo "improrrogable" de 15 días, el tercer requerimiento desde marzo.

Durante el encuentro de este martes, Cancela anunció la ampliación de la declaración de emergencia, que permite contratar por este procedimiento todas las actuaciones necesarias para cumplir la orden del Alto Tribunal.

Servicios y alojamiento

Los fondos se destinan, entre otras cosas, al arrendamiento, obras y servicios de habilitación de espacios que garanticen alojamiento y atención adecuados, así como su mantenimiento.

También se incluyen servicios de alimentación, descanso, salubridad, seguridad, acompañamiento, traducción e interpretación, y atención a necesidades específicas de los menores y solicitantes de protección internacional.

Recursos adicionales

La partida ampliada cubrirá además transporte, material informático, conectividad e instalaciones necesarias para la correcta atención de los jóvenes.

Según la Secretaría de Estado de Migraciones, hasta este martes se han integrado en el sistema de acogida estatal 551 menores, quedando por derivar unos 200 de los 596 expedientes enviados por el Gobierno de Canarias.

Compromiso del Gobierno

Cancela reafirmó que el Gobierno cumplirá el auto del Supremo, que fija el 20 de noviembre como fecha límite para acoger a todos los menores en el sistema estatal.

Se trata de niños y adolescentes, principalmente de Mali, que migraron solos y presentan graves vulnerabilidades. Muchos han solicitado protección internacional en España por persecuciones o riesgos graves en sus países de origen.